El caso de "Francisca" fue presentado ante el organismo internacional luego de que en 2002, se le sometiera a una esterilización forzada durante la operación de parto de su primer hijo, por ser VIH positivo. Finalmente, el Gobierno se comprometió a cumplir un Acuerdo de Solución Amistosa, para otorgar reparación a la víctima y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Luego de casi 20 años, finalmente el Estado de Chile reconoció su responsabilidad en el caso de “Francisca”, una mujer diagnosticada con VIH positivo, que en 2002 fue esterilizada forzosamente, sin su consentimiento, luego de dar a luz exitosamente a su primogénito en un hospital público de Curicó.
En 2009, la mujer afectada intentó por diversos medios, acceder a justicia o algún tipo de reparación efectiva. Sin embargo, esto no ocurrió en ningún momento.
Por lo mismo, es que junto al apoyo legal del Centro de Derechos Reproductivos y la ONG, Vivo Positivo, el caso fue presentado en 2009 ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
En 2014, el caso fue aceptado por la organización internacional, tomándolo como una violación a los derechos de la salud, a la libertad, a la integridad, a una vida sin discriminación y violencia de género y a la seguridad de la víctima, además de una falta ante el derecho a un recurso judicial efectivo e igualdad ante la ley.
Lee también: CIDH denuncia “agresiones a manifestantes” y llama a Cuba respetar el derecho a protestar
De esta forma, y luego de décadas de lucha, el Estado aceptó el Acuerdo de Solución Amistosa con intervención de la CIDH, que contempla medidas obligatorias de reparación para Francisca, además de acciones que permitan la no repetición de estos actos, y que garanticen el consentimiento informado, junto a la no discriminación hacia personas con VIH para que puedan acceder a servicios de salud.
“Estoy feliz de que se firme el Acuerdo después de tantos años de negociación y de aquí para adelante espero que el Estado cumpla con todo en el plazo correspondiente. Ahora quiero vivir tranquila con mi hijo, que esto pase pronto y de una vez por todas”, sentenció la víctima de este emblemático caso, a la hora de firmar el pacto.
Por su parte, la coordinadora del área de género de Vive Positivo, Sara Araya, planteó que la resolución marca un hito en nuestro país: “sienta un precedente de que no hay mujeres de segunda clase y que los derechos humanos son también para las mujeres que viven con VIH. No queremos nunca más una esterilización forzada, nunca más una mujer con sus derechos vulnerados detrás de la puerta de un quirófano”.
El acuerdo pactado por el gobierno también considera un mecanismo de seguimiento activo, para garantizar el cumplimiento de los puntos comprometidos. Con esto, en caso de que no se concreten las medidas, el caso podría escalar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
