"La renuncia no evade la responsabilidad del cargo que ella tenía al emitir estos decretos", dijo el jefe de bancada de RN, Andrés Longton. Cabe recordar que la acción fue anunciada tras la equivocación en la nómina de indultos que otorgó el presidente Boric a los doce condenados por hechos ocurridos en el estallido social y al ex frentista del FPMR, Jorge Mateluna.
Esta jornada parlamentarios de Chile Vamos ingresaron la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.
“La renuncia no evade la responsabilidad del cargo que ella tenía al emitir estos decretos“, dijo el jefe de bancada de RN, Andrés Longton.
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Cabe recordar que la acción fue anunciada tras la equivocación en la nómina de indultos que otorgó el presidente Boric a los doce condenados por hechos ocurridos en el estallido social y al ex miembro del FPMR, Jorge Mateluna.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, el error provino de la Unidad de Comunicaciones de la cartera, lo que motivó la renuncia de la ahora ex directora de comunicaciones, Alejandra Lazo y luego de la actual ex ministra, Marcela Ríos.
Asimismo, en el libelo acusatorio también se analizan los casos de José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova, Victor Llanquileo y otros presos de la cárcel de Angol en La Araucanía.
Hace unos momentos, previo al ingreso de la Acusación Constitucional contra la Ministra de Justicia. Junto a jefes de bancadas se Chile Vamos. pic.twitter.com/ZVJ5MQJiPy
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En el primer capítulo del libelo acusatorio ingresado por los diputados, Andrés Longton, Sofía Cid, Diego Schalper, Frank Sauerbaum, Marcia Raphael, Francisco Undurraga, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Cristián Labbé, se da cuenta de la “responsabilidad constitucional de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Sra. Marcela Ríos Tobar, por infracción al artículo 6 de la Ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, en relación con el artículo 4 de la misma ley, al otorgar indulto al Sr. Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado ‘estallido social’“.
Asimismo, se agrega que “cómo es que la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del ‘estallido social’ de 2019, se transformó en una suerte de compromiso e interés por parte de S.E. el Presidente de la República, su gabinete ministerial y en general por la coalición oficialista. Este compromiso, permite entender cómo es que se incurre en una actuación ilegal que redunda en la liberación de personas condenadas por la Justicia”.
“Así lo dicho, resulta evidente que el indulto concedido entre los días 29 y 30 de diciembre es expresión de este compromiso ideológico, y a la postre material, con la impunidad de personas que han cometido graves delitos y crímenes“, argumentaron.
En tanto, en el segundo capítulo, se expone de la “falta de control jerárquico de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente”.
De esta manera, se analizan los casos de José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova, Víctor Llanquileo y otros presos de la cárcel de Angol en La Araucanía.
Finalmente, se concluyó que Ríos “infringió las leyes que expresamente le obligan a ejercer un control jerárquico sobre los servicios públicos de su dependencia; pero además, dejó sin ejecución las leyes al no haber ejercido las funciones y atribuciones que le entrega el ordenamiento jurídico para corregir los actos ilegales de Gendarmería de Chile, y que, en la línea de lo desarrollado en el capítulo acusatorio precedente, dejan en evidencia un accionar de la ex ministra Ríos, funcional a las medidas de impunidad que ha impulsado el Gobierno del presidente Gabriel Boric, desde su instalación el 11 de marzo pasado”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
