El ingeniero comercial fue desvinculado de la Subsecretaría de Previsión Social ante denuncias de acoso sexual y laboral en su contra, lo que fue descartado por Larraín. “De un día para otro mi imagen quedó estigmatizada como un acosador. Los primeros días ni siquiera quería salir de mi casa por miedo a ser reconocido y apuntado”, expresó en la demanda.
El exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín presentó una demanda por tutela laboral en contra del Ministerio del Trabajo y Previsión Social luego que fue desvinculado ante denuncias de acoso en su contra, y exige una indemnización por $580 millones en total.
El documento que interpuso el pasado domingo 30 de julio el abogado representante Jorge Bofill, socio de Bofill Escobar Silva, relata la versión cronológica de los hechos de Larraín, así como también argumentos con los cuales se defiende frente a la acusación en su contra, consignó La Tercera.
La denuncia dice en primera instancia la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, le pidió la renuncia el viernes 26 de mayo justificando “supuestas ‘denuncias de acoso sexual y laboral’, ‘realizar conductas calificadas como no del todo positivas’ y efectuar ‘hostigamientos’ hacia funcionarios de la subsecretaría que lo estaban ‘pasando muy mal’”.
Al respecto, Larraín dice que la demanda en contra la secretaría de Estado fue presentada “por vulneración de garantías constitucionales, con ocasión del despido, por haberse vulnerado la garantía constitucional de mi representado (…) que garantiza el respeto y la protección del honor de la persona y de su familia”.
“La actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad”, dice en otro párrafo, indicó el medio citado.
Solicitud de indemnización
El exsubsecretario Larraín pide $80 millones de indemnización, lo que es equivalente a 11 remuneraciones mensuales, “por quebrantamiento a su garantía constitucional del derecho al honor”, ante “la publicidad con la que fue tratado por la propia ministra del Trabajo, la Secom y otras altas autoridades del Estado, justificando y avalando públicamente la causa de la petición de renuncia por las denuncias de acoso sexual y laboral, todo sin investigación previa, sin comprobación de los hechos, sin cautelar el debido proceso, sin medida de protección preventiva ni respeto al principio de inocencia”.
También solicita $500 millones por daño moral, argumentando que “se ha sometido la reputación personal y profesional del Sr. Christian Larraín Pizarro a un mal irreparable y grave”.
En ese sentido, la demanda sostiene que el ingeniero comercial “es una persona conocida nacional e internacionalmente en la esfera de la economía, de manera que la forma humillante e indigna en que ha sido despojado de su reputación profesional equivale, en los hechos, a una ‘muerte profesional’”.
“El sufrimiento experimentado por mi representado no puede describirse en palabras”, añade el texto.
Finalmente, Larraín también se pronuncia en la demanda en contra el Estado, diciendo que “de un día para otro mi imagen quedó estigmatizada como un acosador. Los primeros días ni siquiera quería salir de mi casa por miedo a ser reconocido y apuntado”.
El recurso también adjunta un informe de la psiquiatra del exsubsecretario, quien dice que su paciente “ha manifestado “sintomatología angustiosa severa, trastorno del sueño con insomnio de conciliación, sueño interrumpido, insomnio del despertar precoz, trastorno del apetito, irritabilidad, cefalea dolor abdominal, labilidad emocional, llanto frecuente, desconcentración desánimo progresivo sin ánimo de levantarse, abatimiento y desesperanza, entre otros síntomas se agrega posteriormente crisis de pánico con taquicardia sudoración profusa, sensación de ahogo, opresión del tórax , mareos y sensación de vértigo entre otros síntomas al tener que enfrentar situaciones de exposición pública por lo que consulta y debe comenzar a recibir tratamiento farmacológico con ansiolíticos e hipnóticos”.
Larraín deberá declarar este jueves 3 de agosto ante el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, en el marco del sumario administrativo que abrió la ministra Jara. La autoridad actúa como fiscal en el proceso. También estará presente Marcela Ruiz.