El exseremi de Vivienda, imputado en la causa, denunció falta de objetividad por parte de la Fiscalía, señalando omisiones en las pruebas y un supuesto blindaje hacia figuras nacionales
Este viernes 29 de noviembre se llevará a cabo la audiencia en que nuevamente se discutirá el cierre de la investigación de la arista Democracia Viva del polémico Caso Convenios en Antofagasta.
La instancia, que se realizará en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, buscará dar cierre a una indagatoria que lleva desarrollándose desde hace casi un año y cinco meses.
No obstante, aún existe la posibilidad de que el tribunal decida ampliar el plazo de investigación.
La causa, a cargo del fiscal Cristián Aguilar, imputó al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, al exrepresentante legal de la entidad, Daniel Andrade, y a la concejala Paz Fuica, quienes se vieron directamente involucrados en un irregular traspaso de fondos públicos desde el Gobierno Regional a la ya disuelta fundación Democracia Viva.
En ese contexto, y según dio a conocer esta jornada La Tercera, Contreras cuestionó “la falta de objetividad de Fiscalía” durante las pesquisas.
“Se ha omitido información e ignorado pruebas en lo que parece un blindaje hacia ciertas personas, tanto a nivel regional como a nivel nacional”, advirtió la exautoridad.
Conteras también acusó que el Ministerio Público no indagó sobre el informe que le habría entregado la exsubsecretaria Tatiana Rojas al Gobierno.
Además, indicó que no han dilucidado si Rojas le informó a Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda, sobre las irregularidades en el convenio.
Por otro lado, el exseremi aseguró que las diligencias de Fiscalía no ha probado el tráfico de influencias, ni la implicancia de la diputada Catalina Pérez, expareja de Andrade.
“A cambio están sumando fraudes inexistentes”, señaló, enfatizando en que los persecutores de la causa se han encargado de “fragmentar” la investigación con el objetivo de avanzar en formalizaciones y que Contreras permanezca en prisión preventiva.
“La responsabilidad administrativa respecto de requisitos y condiciones contractuales me la atribuyen a mí con una intención dolosa que sirve para configurar el fraude, haciendo caso omiso a los informes de Contraloría que expresan claramente que acá había criterios nacionales del programa de Asentamientos Precarios y pareciera que hubiese blindaje sobre esos funcionarios”, aseveró.
En ese sentido, el abogado defensor de Carlos Contreras sostuvo que durante su periodo como seremi de Vivienda no tenía atribución para escoger las fundaciones seleccionadas para beneficiarse de un convenio.
“A las Seremis de Vivienda les compete la celebración de convenios para materializar las transferencias a las entidades que ya han sido asignadas por el secretario ejecutivo del Programa de Campamentos y los directores de los Serviu regionales”, esclareció.
Por lo que indicó que “no era posible” para Contreras realizar convenios sin previa autorización e intervención de las entidades responsables, en este caso el “Serviu regional, el equipo técnico de Serviu regional, la comisión multidisciplinaria del nivel central, y el secretario ejecutivo del Programa Campamentos”.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
