Según el reportaje "El desconocido rol estelar de J.A. Kast en la 'guerra santa” contra la OEA", entidades como ADF o International Human Rights Group han financiado viajes del líder de Acción Republicana para participar en cumbres conservadoras. Se trata del mismo lobby que pavimentó el camino de Bolsonaro a la presidencia en Brasil.
Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló las redes de José Antonio Kast con distintas organizaciones cristianas conservadoras de Estados Unidos dedicadas a hacer lobby. Esto con el fin de debilitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) con tal de “ahogar” las resoluciones que obligarían a los estados a ampliar derechos relacionados con el aborto, el matrimonio homosexual y la identidad de género.
El artículo titulado “El desconocido rol estelar de J.A. Kast en la ‘guerra santa’ contra la OEA” se gestó producto de una investigación periodística internacional denominada “Transnacionales de la Fe”, una colaboración de 16 medios latinoamericanos bajo el liderazgo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
Según señala el reportaje, se trata de la misma ofensiva evangélica que posibilitó el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, así como el ascenso del conservadurismo en Colombia y Centroamérica. En Chile, su carta sería el líder de Acción Republicana.
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De acuerdo a la investigación periodística, Kast fue parte fundamental de una reunión realizada en Ciudad de México el 15 de junio de 2017, donde se lanzó la Declaración de México, un manifiesto firmado por 670 parlamentarios de 18 países de América Latina que se oponen a las resoluciones de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los obliguen a modificar sus leyes “en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa”.
Además de lanzar la declaración, en la instancia se puso en marcha el Congreso Hemisférico de Parlamentarios, desde donde se articularían las fuerzas políticas, económica y religiosas de los 18 países. Kast no sólo fue una de las seis personas que organizó la reunión, sino que, además, ahí fue investido como presidente del comité promotor del Congreso Hemisférico.
En la cita, el ex candidato presidencial denunció “el abuso que ha cometido en el último tiempo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto de dictar órdenes y circulares ejecutivas para promover una agenda de género que sale del marco legal de la OEA y pretende instalar una agenda distinta, no solo en la OEA, sino respecto de cada uno de los países integrantes”.
A la vez, llamó a la OEA a respetar sus funciones principales, que son “trabajar por la paz, la seguridad, la democracia y el respeto a los derechos humanos”.
En octubre de 2017, cuando era candidato presidencial, Kast asistió a otro encuentro del Congreso Hemisférico, pero en Washington. Ahí se decidió entregar una declaración a los cancilleres de cada uno de los 18 países pidiéndoles que exigieran a la OEA que no vulnere la soberanía ni la autodeterminación de sus estados miembros.
Aunque las gestiones no tuvieron éxito bajo el gobierno de Michelle Bachelet, la administración de Sebastián Piñera sí suscribió una carta -junto a Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay– dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando respetar la “autonomía” de los países.
Según consigna Ciper, de todas las organizaciones cristianas que formaron parte de la investigación a nivel internacional, hay al menos cinco que tendrían vínculos con personas o instituciones chilenas: la Alliance Defending Freedom (ADF), Political Network for Values, Advocates International, Population Research Institute e International Human Rights Group.
Fue esta última la que financió los pasajes de Kast a la reunión en México de 2017. En tanto, en el lobby que hizo posible dicho encuentro, destaca la ADF, una organización cristiana conservadora estadounidense. De acuerdo a registros oficiales del Poder Legislativo, la ADF Academy (una entidad que especializa a abogados de Latinoamérica en “derecho de familia” y “libertad religiosa”) pagó un viaje que hizo el ex diputado en 2016 a Maui (Hawái) para que participara en un evento que la misma organización auspició.
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Mientras en otros países organizaciones como ADF han actuado a través de redes evangélicas, en Chile han tenido que formar alianzas con figuras e instituciones católicas conservadoras. De ahí el vínculo con Kast y con instituciones respetadas en materia jurídica y legislativa, como la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Los Andes, la Fundación Jaime Guzmán y Comunidad y Justicia.
Con esto, la ADF ha logrado que sus ideas sean escuchadas en procesos legislativos. Estas entidades elaboran minutas de asesoría para parlamentarios o participan como expositoras en las comisiones del Congreso en proyectos relacionados con género, derechos reproductivos, derechos de la infancia, aborto o unión civil.
Political Network for Values (PNV) es otra red contraria a la denominada “agenda de género” y que está vinculada a Chile a través de José Antonio Kast. El líder del Partido Republicano aparece en el sitio web como integrante de su consejo asesor, y descrito como “miembro del Parlamento de Chile”, pese a que dejó de serlo en marzo de 2018.
En 2015 Kast llegó a la cumbre organizada por PNV en Nueva York y anunció su participación como expositor en la Tercera Cumbre Transatlántica de PNV celebrada el 4 y 5 de abril de 2019 en Colombia.
Pese a que estas organizaciones operan, en general, a través de cauces legales de asesoría legislativa y lobby regulado, también se tiene registros de que “en algunos países se impulsaron negociaciones reservadas para asegurar que los votos evangélicos beneficiaran a ciertos políticos“. Esto con el compromiso de que impulsarían leyes anti aborto y contrarias a la diversidad sexual. Estos compromisos incluían la designación de cristianos conservadores en puestos clave para políticas de salud, educación y relaciones internacionales.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
