Un reportaje de Ciper dejó al descubierto la indagatoria que lleva adelante la Superintendencia de Educación Superior en contra de la Universidad Mayor, la primera investigación a una casa de estudios adscrita a la gratuidad.
En octubre de 2022, la Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió una investigación en contra de la Universidad Mayor debido a una serie de operaciones financieras con sus subsidiarias Innova Learning Chile SpA y Sur Inversiones Inc.
La investigación por posible lucro se debe a que su campus online que opera en Estados Unidos, Nexus University, ha recibido más de $5.984 millones en transferencias, pero no ha generado ganancias ni beneficiado de gran forma a los estudiantes de la universidad chilena.
¿Qué pasó?
Según una investigación de Ciper, durante 10 años las empresas subsidiarias acumularon deudas con la Universidad Mayor por $10.300 millones con el fin de traspasar esos dineros para la ejecución del proyecto Nexus University, creado por la universidad en Miami en 2018.
Nexus University es una iniciativa con fines de lucro que ofrece seis programas educativos. Sin embargo, no ha generado ganancias y, pese a estar acreditado como una filial de la Universidad Mayor, no ofrece grandes beneficios exclusivos para sus estudiantes de Chile.
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En este contexto, y debido a los miles de millones en deudas que mantienen las sociedades administradoras de Nexus University con la Universidad Mayor, es que la SES decidió abrir la investigación en 2022, la primera a una casa de estudios adscrita a la gratuidad.
Desde la subsecretaría señalaron a Ciper que el proceso surgió “a raíz del aumento sostenido de las cuentas por cobrar a las empresas relacionadas en el marco de la revisión de los Estados Financieros de la Universidad Mayor, correspondientes a los años 2019 a 2022″.
“A juicio de la SES, esto podría transgredir lo dispuesto en la Ley 21.091, sobre Educación Superior, particularmente a las prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”, agregaron.
Lo que dice la ley
La Ley 21.091 de Educación Superior, específicamente en su artículo 73, establece que está prohibido que las instituciones privadas sin fines de lucro realicen operaciones financieras con sus controladores y con integrantes del órgano de administración superior.
Esta prohibición no se aplica en caso de que las sociedades relacionadas no tengan fines de lucro, si el traspaso de recursos es una donación o son pagos por un contrato por labores académicas o si las operaciones son necesarias para los intereses y fines de la institución.
La normativa también establece en su artículo 75 que la transacción con una sociedad relacionada debe ser primero aprobada por el órgano de administración superior y no sobrepasar las dos mil UF en un periodo de 12 meses corridos. Si supera ese monto, requiere la aprobación unánime del directorio, “debiendo excluirse de la votación quienes tengan interés directo o indirecto en la operación de que se trate en su caso”.
Universidad responde
Consultados por el centro de investigación periodística, desde la Universidad Mayor aseguraron que no tienen información sobre el proceso investigativo desde diciembre del año pasado. Además, dijeron esperar que el caso “se resuelva pronto” y aseguraron que han entregado toda la documentación requerida por la Superintendencia de Educación Superior, llegando inclusive a aportar “voluntariamente con más antecedentes“.
