Un informe de Contraloría reveló el complejo escenario que enfrenta un organismo que debe fiscalizar a más de 17 mil empresas en todo Chile y que solo cuenta con 88 fiscalizadores en todo el país. Desde el SMA denuncian una importante falta de recursos económicos y humanos para enfrentar las más de 3 mil denuncias que se recibieron sólo en 2021.
Una impactante realidad reveló un informe de la Contraloría, respecto a la situación colapso que existe en la Superintendencia de Medioambiente, que deriva en que se puedan tardar incluso años en generar una respuesta ante denuncias en la materia.
Uno de los casos más emblemáticos, es el que levantó en 2016 la organización ambientalista “Todos Somos Putaendo”, quienes desde ese año, han estado insistiendo a las autoridades para controlar, fiscalizar y detener el avance de proyectos mineros en la zona.
“Este caso empezó en 2016, en donde las fiscalizaciones llegaron recién en 2017, para dar cuenta de que la empresa minera había hecho trabajos durante todo este periodo sin autorización. Hasta la actualidad seguimos arrastrando la problemática de esta denuncia”, detalló al respecto el vocero del colectivo, Eduardo Mercado.
Esto, en medio de la catastrófica situación que enfrenta el planeta en torno a la contaminación y el cambio climático, donde Chile ha tenido que lidiar con una de sus sequías más intensas de los últimos 70 años.
Sin embargo, el documento emitido por el ente contralor, constató que al menos un 44,22% de las denuncias que llegaron a la Superintendencia entre 2016 y 2019, no tuvieron ninguna gestión de fiscalización. Es decir, casi la mitad de las personas denunciantes durante ese periodo, no tuvieron ningún tipo de respuesta.
Lee también: Con 11 votos a favor y uno en contra: Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto minero Dominga
El informe además corroboró la falta de resultados en las investigaciones, obligando a los denunciantes a acudir personalmente a instancias judiciales, que en muchos casos les dan la razón. Desde el organismo en tanto aseveraron que esta situación sería consecuencia de una importante falta de recursos.
“Para cubrir la brecha de lo que demanda la ciudadanía, tenemos una distancia abismal. Ya se han duplicado el número de denuncias que recibimos con respecto al año anterior. Para cubrir la demanda que se presenta hoy y lo que se proyecta, requerimos al menos duplicar los recursos que tiene la superintendencia”, aseguró el jefe del organismo, Cristóbal de la Maza.
Por su parte, la fiscalizadora de la SMA, Claudia Pastore, reconoció que se encuentran sobrepasados: “hoy tenemos que ser capaces de priorizar, porque un fiscalizador no tiene dedicación exclusiva con un caso. Crecen las normativas, crece nuestra carga de trabajo (…) nos sentimos con nuestro día a día, un poco agobiados”.
Se trata de un problema que se repite constantemente en el organismo, considerando que actualmente trabajan solo 88 fiscalizadores a nivel nacional, a cargo de inspeccionar la actividad las casi 17 mil empresas en las que tiene competencia la Superintendencia del Medio Ambiente.
El problema se mantiene, considerando que en 2021 hay más de 3 mil fiscalizaciones programadas, sumadas a las más de 3 mil 500 denuncias que se realizaron solo este año: “contamos con 3 fiscalizadores en promedio por región, y con esos fiscalizadores tenemos que tener una cobertura para no solo cubrir las denuncias, sino que otros instrumentos que fiscalizamos de oficio”, aseguró al respecto el superintendente de la Maza.
En esa línea, se ha conocido que desde que inició sus actividades, el organismo ha recibido 16 mil denuncias en curso, 3 mil en investigaciones avanzadas y otras 3 mil que no han iniciado su investigación. Además, este año, el SMA sufrió la disminución de un 7% en su presupuesto anual.
Frente a esto, la senadora y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Isabel Allende, planteó la necesidad de generar una ley corta de reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
