El gremio acusa que el cambio de los medidores tiene como objetivo final el "cambio de tarifas residenciales y el enriquecimiento de unos pocos", y advierten que los nuevos dispositivos que no mejorarán la calidad del servicio.
A través de un comunicado, el Colegio de Instaladores Electricistas de Chile manifestó su descontento por la medida que reemplazará los antiguos medidores eléctricos por dispositivos “inteligentes”, cuyo costo deberá ser asumido por los propios usuarios.
El gremio señala que la cuestionada medida es “absolutamente arbitraria ya que es una decisión unilateral y abusiva que se justifica únicamente por las extraordinarias utilidades que obtendrían las distribuidoras de electricidad”.
“Cualquier protocolo (certificación) que se ponga como condicionante para el cambio definitivo de un medidor de energía eléctrica, es solo una distracción respecto del problema principal”, agregó la agrupación.
En este punto, los Electricistas creen “fehacientemente que el objetivo final de esta obligatoriedad está orientada al cambio de tarifas residenciales y el enriquecimiento de unos pocos, a costa de todos los consumidores del país”.
La asociación advierte que la medida podría motivar que se modifique “la actual tarifa plana (el mismo valor todo el día) e incorporar las horas punta (mayor cobro desde las 18:00 horas hasta las 23:00 horas) de una forma similar a como se cobra el valor del pasaje en el Metro o Autopistas”.
Destacan que la instalación de los llamados “medidores inteligentes” no necesariamente posibilitarán una mejora en la calidad del servicio, y permitirán que se aumenten “los monopolios en favor de las compañías eléctricas y en desmedro de los profesionales y consumidores que instalan equipos de medida de hasta un 50% más económico del cobro de las empresas del rubro, por lo que estará aumentando los costos en la industria nacional, comercial y el sector inmobiliario”.
“Nadie que no solicite voluntariamente el cambio de medidor debe ser obligado a hacerlo“, concluyen en el documento.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
