El presidente del gremio, Carlos Díaz, sostuvo que la decisión se debe a la posibilidad de sancionar a sostenedores de colegios municipales si no retoman clases presenciales. "El ministro no ha escuchado a las comunidades escolares, a los profesores, padres, apoderados y tampoco a los especialistas de salud", aseveró.
El Colegio de Profesores realizó un requerimiento en la Cámara de Diputados para que se realice una acusación constitucional contra el Ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Según el gremio, el motivo principal de esta decisión es debido a las advertencias de quitar la subvención estatal a los establecimientos educacionales que no retomen las clases presenciales en medio de la crisis sanitaria.
“Ha señalado que esta evaluando la posibilidad de obligar a los estudiantes a asistir a clases presenciales en pleno invierno, generando una amenaza respecto del pago de la subvención”, indicó a la Cámara el presidente del gremio, Carlos Díaz.
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En la misma línea, Díaz apuntó a que “ha habido muchas presiones para los colegios subvencionados para que vuelvan a la presencialidad, a que abran las escuelas y generen las condiciones para ello, y ahora (las presiones) las quieren llevar hacia los sostenedores municipales y eso nos preocupa”.
“Las razones por las cuales solicitamos esta acusación constitucional tienen que ver con el abandono que hemos visto por parte del Ministerio de Educación y el ministro Figueroa en la idea de orientar y apoyar el proceso escolar durante la pandemia”, explicó.
En tanto, declaró que la única preocupación del jefe de la cartera de Educación “es abrir escuelas (…) pero no ha habido una preocupación real por lo que significa el proceso educacional real. Los resultados de la prueba de diagnóstico conocidos la semana pasada se abrían aminorado bastante si hubiésemos tenido un ministerio que entregara apoyo a las familias, a los estudiantes y a los profesores”.
Finalmente, manifestó que “el ministro no ha escuchado a las comunidades escolares, a los profesores, padres, apoderados y tampoco a los especialistas de salud”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
