Columna de Guillermo Pérez: La derecha en la encrucijada

No hay duda de que el gobierno está sumido en una profunda crisis. Sus parlamentarios –salvo contadas excepciones– no lo respaldan, varios ex ministros lo critican con dureza y la opinión pública, que en un principio se había entusiasmado con la llegada de las vacunas, nuevamente muestra un fuerte rechazo hacia su gestión.

Sin embargo, los problemas del Ejecutivo, que incluyen desde el debilitamiento de la institución presidencial hasta las serias dificultades para conducir la agenda, son la manifestación de una crisis más profunda y generalizada de la derecha. Ella se refleja tanto en la falta de un horizonte común como en la incapacidad del gobierno, los partidos y los parlamentarios para defender sus propias convicciones. Así, las dificultades del Ejecutivo para ofrecer alternativas y anticiparse al escenario inminente del tercer retiro, por ejemplo, se cruzan con la actitud de aquellos diputados del sector que se plegaron con demasiada facilidad a la agenda de Pamela Jiles.

Con todo, este deterioro de la derecha debiera ser visto como una oportunidad para que el sector se rearme. Los momentos de oscuridad suelen ser una ocasión propicia para que emerjan nuevas fuerzas, recambios generacionales y nuevos proyectos, que sean capaces de interpretar mejor los tiempos que vienen.

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El gran número de opciones presidenciales en la derecha –y de nuevos rostros– genera la impresión de que el sector se estaría comenzando a renovar. Pero para que eso realmente ocurra no basta con marcar diferencias golpeando a un gobierno caído en desgracia, tal como lo han hecho algunos candidatos del propio oficialismo. Tampoco es suficiente con proponer unas pocas medidas aisladas que fomenten la imagen de una derecha social preocupada por los sectores vulnerables.

Si el deseo es construir una derecha renovada, que sea capaz de sintonizar mejor con la sociedad, lo verdaderamente relevante es volver a plantearse las preguntas de fondo y alcanzar acuerdos comunes –y, sobre todo, convicciones compartidas– en una serie de temas que hasta hoy el sector parece no estar abordando en toda su dimensión.

Uno de ellos es el fortalecimiento del Estado. Durante las últimas décadas, la reflexión de buena parte del oficialismo respecto del aparato público se ha reducido principalmente a asuntos de gestión. Como bien sugiere Daniel Mansuy en el último número de la revista Punto y coma, publicada por el IES, la derecha lleva demasiado tiempo dominada por un discurso tecnocrático que le dificulta captar la profundidad de este desafío. Por lo mismo, la modernización y reforma del Estado se suele comprender como un proceso exclusivamente técnico, centrado, por ejemplo, en permitir la mayor cantidad de trámites por Internet, en sacar la mal llamada “grasa” del Estado –a la que ellos también han hecho un notable aporte– o en imitar las medidas de países como Nueva Zelanda o Canadá.

Todos estos asuntos son muy pertinentes. El trato del funcionario público al ciudadano, por ejemplo, es un factor trascendental de nuestra crisis política y tiene una fuerte dimensión de gestión. Sin embargo, esta visión está lejos de ser suficiente, pues la reflexión sobre el funcionamiento del Estado debiese ser tan concreta como profunda, tan técnica como política. Aunque desde el sector parecieran surgir cada cierto tiempo algunos destellos que muestran una mayor conciencia de estas limitaciones, aún no hay claridad respecto de cómo ellas serán corregidas.

Un asunto que permite graficar bien todos estos problemas es la aproximación de la derecha a un fenómeno tan complejo como la descentralización. En general, el actual oficialismo se ha manifestado siempre a favor de una mejor distribución del poder estatal entre los territorios, pero esa voluntad rara vez se traduce en propuestas concretas o en una reflexión profunda sobre la fractura evidente entre la capital y el resto del país.

De hecho, en muchas ocasiones este sector ha sido el escollo que impide el avance de proyectos en tal dirección. El caso de la elección de los nuevos gobernadores regionales ha sido paradigmático. A pesar de los discursos de apoyo de buena parte de la derecha, su precaria situación –que se evidencia en la exigua cantidad de recursos y competencias con los que contarán las nuevas autoridades– se debe, en gran medida, al bloqueo de los proyectos de ley por parte de los parlamentarios del oficialismo y a la indiferencia del actual gobierno. Dicho de otro modo, gran parte de la derecha nunca se atrevió a manifestar públicamente su rechazo a los nuevos gobernadores regionales –era muy poco conveniente a nivel electoral–, pero tampoco fue capaz de proponer a tiempo alternativas a ese proceso o soluciones que resolvieran sus tensiones.

No basta, entonces, con exigir recursos y competencias a gobiernos regionales y municipios en los programas de campaña. Si la derecha sigue creyendo en la subsidiariedad, es fundamental pensar desde esta óptica el despliegue del Estado en el territorio y plantear nuevas formas de colaboración y coordinación. Esto tanto entre el gobierno central y los subnacionales como entre el ciudadano y los gobiernos locales y regionales.

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Hay muchas alternativas a explorar en esa línea. Una opción, que ha planteado la OCDE en varias oportunidades, es la de suscribir acuerdos entre el gobierno central y los gobiernos regionales. A nivel comparado, esta propuesta ha permitido fortalecer las capacidades de las regiones, generar aprendizajes y mejorar la coordinación con el nivel central.

Para fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y los gobiernos locales, en cambio, la solución de la derecha no puede ser plegarse acríticamente a los mecanismos de democracia directa propuestos por la oposición, como los referéndums revocatorios. Tal como señaló Claudio Alvarado en una columna en CNN Chile hace unas semanas, permitir a la ciudadanía reunir firmas para sacar a una autoridad electa democráticamente puede generar muchos más problemas que soluciones, especialmente en un escenario de polarización como el nuestro. Por tanto, la derecha tiene el deber de pensar el problema y ofrecer una aproximación distinta, con nuevas alternativas. Una de ellas podría ser fortalecer las instancias de participación a nivel local –Consejos de la Sociedad Civil y Juntas de Vecinos– e insertarlas en el diseño de las políticas públicas sacándolas de su rol exclusivamente consultivo.

El futuro del oficialismo no se juega solo en la elección presidencial o en la de convencionales. Todas esas instancias ciertamente son muy importantes, pero pueden acabar en desastre si los candidatos del sector no logran llegar con propuestas tan concretas como profundas en estos y otros temas fundamentales. El desafío es enorme y hay que estar a la altura si se aspira, ahora sí, a instaurar tiempos mejores.