De acuerdo a la acción judicial, Julio Leiva Molina ha financiado y tolerado una serie de acciones contra al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de derechos humanos investigadas en el país, entre ellas, la interceptación de llamadas telefónicas y una campaña de difamación en la prensa regional.
Una querella presentada en contra del almirante Julio Leiva Molina señala que el uniformado ha tolerado y financiado con gastos reservados una serie de espionajes y ataques realizados por funcionarios de la Armada contra al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de derechos humanos investigadas en el país.
Una publicación de Interferencia reveló que los uniformados, a través de la Dirección de Inteligencia de la Armada, han realizado seguimientos, amenazas, interceptación de llamadas telefónicas, intentos de infiltración en tribunales y campañas de difamación en medios regionales, lo que se financia de forma clandestina a través de la caudales públicos asignados como gastos reservados.
La querella fue presentada por Mónica Araya, abogada de derechos humanos, quien es hija de detenidos desaparecidos (Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza) y madre de Juan Henríquez Araya, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), caído en un enfrentamiento contra efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en el marco de la llamada Operación Albania en 1987.
En específico, el texto señala que Leiva, quien fue designado como comandante en Jefe de la Armada por Michelle Bachelet en junio de 2017, “planifica, coordina y ejecuta operaciones de inteligencia encubiertas, destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Armada”.
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“Estamos en lo que se denomina fase preparatoria de los montajes comunicacionales en contra de un juez que investiga violaciones de derechos humanos. Para ello, la Dirección de Inteligencia financia a periodistas de medios de comunicación con el objeto de publicar notas o artículos de desinformación destinados a cuestionar la honorabilidad, imparcialidad e independencia del magistrado, Sr. Arancibia Pinto”, señala el documento.
Por otra parte, también se señala en el texto que por redes sociales también se hostiga al magistrado: circulan cadenas de WhatsApp entre actuales y ex funcionarios de la Armada que lo tildan de “prevaricador” e “inhumano”, mientras que también se le envían insultos a través de correos electrónicos.
De este modo, la querella afirma que el propósito es entorpecer el desarrollo de las investigaciones del juez Arancibia orientadas a esclarecer crímenes de tortura, ejecución y desaparición de opositores durante la dictadura militar.
“Un hito en esta materia fue la inspección personal del juez al Buque Escuela Esmeralda, el 23 de octubre de 2018, en Valparaíso, en donde fue emplazado personal de inteligencia de la Armada para grabar y registrar las gestiones del Sr. Ministro, situación que se vio favorecida con una evidente ilegalidad y encubrimiento. En efecto, ninguno de los marinos que se encontraban en dicha embarcación, especialmente oficiales, en su calidad de funcionarios públicos, estaban identificados”.
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Finalmente, la acción judicial también denuncia que bajo el mando de Leiva se financian las defensas judiciales de ex integrantes de la Armada involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos. La Armada cuenta con un servicio de asistencia jurídica que es gratuito y reservado para los funcionarios y sus cargas familiares, pero implica una prohibición para apoyar causas que persigan delitos de lesa humanidad donde el Ministerio del Interior, a través del Programa de Derechos Humanos, actúa como parte querellante.
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