La iniciativa, que apunta principalmente a los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho, establece reglas más drásticas para prohibir que pueda mantenerse en un cargo o postular a uno por un mayor periodo de tiempo.
Este jueves la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto de reforma constitucional que busca establecer la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes cometan delitos contra la probidad.
La iniciativa del diputado Marcos Ilabaca (PS) apunta a dejar tipificada la causal de inhabilidad para poder postular a un cargo o función pública, al mismo tiempo que permite cesar de su ejercicio si ya se encuentra en un cargo.
Esta iniciativa es tramitada en medio de diversos cuestionamientos a figuras actuales y pasadas en el ámbito público, en el marco de los casos Convenios, Hermosilla, Vivanco y otros.
“La presente propuesta, en consideración a la relevancia del principio de probidad en el correcto desempeño de la función administrativa estatal, busca configurar una regla que tipifique una causal de inhabilidad para la adscripción a un cargo o función pública, y de cesación en el ejercicio de funciones públicas, respecto de quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la probidad administrativa, en sus distintas proyecciones en el ámbito de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública y aquellos que afectan los aspectos patrimoniales de la función”, se lee en el proyecto de reforma.
En específico, son tres los delitos contra la probidad que se consideran:
De momento se baraja una inhabilidad a perpetuidad con posibilidad de enviar una solicitud al Senado con el fin de reponer dicha habilitación tras 15 años de cumplir la inhabilidad.
Así, con 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención la iniciativa deja la Comisión de Constitución con una aprobación, siendo despachada a Sala para su discusión, siendo la diputada Javiera Morales (FA) quien informará.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
