El documento fue presentado principalmente por parlamentarios de la oposición y fue aprobada con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El Caso Monsalve continúa desarrollándose en distintas instancias, tanto en el ámbito judicial como en la esfera política. En este contexto, la Comisión Investigadora aprobó su informe final.
El documento base fue presentado por Miguel Mellado, Álvaro Carter, Carla Morales, Gloria Naveillan, Sofía Cid, Flor Weisse y Joanna Pérez. Su aprobación se logró con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Actualmente, queda pendiente su votación en Sala.
Uno de los puntos centrales del informe está enfocado en las responsabilidades políticas, señalando a diversas autoridades e instituciones:
Carolina Tohá
Según la comisión, el actuar de la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública en la denuncia contra el exsubsecretario Manuel Monsalve “revela importantes deficiencias en términos de liderazgo, transparencia y aplicación oportuna de protocolos institucionales”. Además, sostienen que “tiene responsabilidad directa por la ignorancia inexcusable respecto de lo que ocurría en su ministerio”.
A pesar de la autocrítica realizada por la extitular de Interior, el informe señaló que “esta no permite absolver la responsabilidad que le cabe en este caso. La falta de un mensaje contundente desde el primer momento permitió que se instalara la percepción de una reacción gubernamental reactiva en lugar de proactiva, lo que debilitó la postura del Ejecutivo en un caso de alta connotación pública”.
Manuel Monsalve
Respecto al exmilitante del Partido Socialista (PS), el informe enfatizó que “su decisión de no apartarse de inmediato contrasta con los estándares de responsabilidad política esperados en casos de alta connotación pública”.
“Esta decisión de postergar el interés gubernamental se vio reforzada por las decisiones del Presidente Boric y de la exministra Tohá, quienes consintieron en su continuidad”, agregó el documento.
Asimismo, expuso que Monsalve creía que tenía “una suerte de impunidad” en su actuar, lo que quedó en evidencia con el uso del Sistema de Inteligencia del Estado y su viaje al sur previo a su renuncia en La Moneda.
“El hecho de que utilizara recursos estatales para desplazarse, supuestamente con el propósito de informar a su familia, constituye un privilegio indebido y alejado de los estándares de probidad. La permanencia prolongada de Monsalve en su puesto y las decisiones tomadas en los días posteriores a la denuncia afectaron la credibilidad del Gobierno y dejaron al descubierto un caso de manual de cómo no se debe manejar una crisis”, planteó la comisión.
Además, recalcó que “el accionar de Monsalve, respaldado por su círculo e ignorado por el (mandatario), significó no solo un daño profundo a la víctima, sino también a la integridad y credibilidad de las instituciones públicas involucradas”.
Antonia Orellana
Sobre la ministra de la Mujer y Equidad de Género, el informe afirmó que su participación en el caso fue “tardía y con falta de protagonismo institucional”. Aunque se reconoce que inicialmente no contaba con la información sobre la denuncia por presunto abuso sexual y violación, la comisión subraya que “su exclusión de la discusión inicial refleja la falta de peso político de su cartera en un tema que debió haber sido prioritario”.
“Frente a esta realidad, la ministra Orellana, en vez de ostentar una actitud denunciante en sintonía con su historia política, decidió seguir el guion oficial”, añadió el informe.
Finalmente, concluyó que “este ministerio y su ministra actuaron de manera tardía y sin suficiente firmeza para asegurar la protección inmediata y efectiva de la víctima”.
Miguel Crispi
En cuanto al exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, la comisión cuestionó su negativa a entregar información relevante en la indagatoria.
“El señor Crispi se negó sistemáticamente a entregar antecedentes que eran vitales para conocer la forma en que reaccionó el gobierno frente a la denuncia que afectaba al entonces subsecretario Monsalve”, se detalló en el informe.
PDI y Carabineros
Sobre la Policía de Investigaciones (PDI), la comisión identificó “graves omisiones en el cumplimiento de protocolos de resguardo, así como una falta de control, lo que permitió que Monsalve estuviera sin custodia en momentos clave y sin que la institución tomara medidas inmediatas para corregir la situación”.
“El haber contado con la protección debida pudo haber impedido la existencia de los dolorosos y lamentables hechos que están siendo investigados por la justicia. Otro punto crítico es que la PDI no activó de manera inmediata protocolos internos para dar seguimiento a la ubicación de la autoridad protegida, particularmente en la noche en la que sucedieron los hechos”, describió el informe.
En el caso de Carabineros, se cuestionó un vuelo realizado el 17 de octubre de 2024, “sin justificación clara de urgencia y con un costo de más de 3 millones de pesos, lo que generó dudas sobre su pertinencia y apego a la normativa vigente”.
“La autorización para el uso de la aeronave institucional por parte del exsubsecretario generó legítimas dudas acerca de la proporcionalidad, necesidad y criterios aplicados para justificar dicha medida. Lo indicado por Carabineros señala que la solicitud de uso del avión fue canalizada por un oficial de enlace de la Subsecretaría del Interior y aprobada bajo la figura de operación aeropolicial. Sin embargo, la Comisión Investigadora ha cuestionado si este vuelo cumplía realmente con los requisitos de una misión de seguridad pública, o si simplemente se trató de un traslado personal encubierto como operación institucional”, consignó el documento.
El informe también analizó la respuesta del Gobierno cuando el caso fue publicado por La Segunda, lo que derivó en la salida de Luis Cordero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asumir el puesto de Monsalve.
“Resulta particularmente reprochable el accionar del Presidente de la República, dado que actuó con pasividad y liviandad ante la necesidad evidente de remover a Monsalve de su cargo, en un contexto de crisis de seguridad nacional”, planteó la comisión.
Asimismo, se cuestionó que “el Presidente Boric dejó en su puesto a un sujeto denunciado de violación como encargado de la seguridad, siendo el propio subsecretario responsable de las policías, las mismas que investigarían la denuncia”.
El informe enumeró los hechos posteriores a la salida de Monsalve, incluyendo el controversial punto de prensa del mandatario.
“En síntesis, parece ineludible el reproche al jefe de Estado por una cadena de equivocaciones con graves consecuencias institucionales: fue el Presidente de la República quien permitió al exsubsecretario viajar a la ciudad de Concepción; quien no comunicó estos hechos a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; quien, en definitiva, no ejerció un liderazgo adecuado en situaciones complejas; y quien objetivamente mantuvo al exsubsecretario en el cargo hasta que La Segunda reveló la denuncia. Todo lo anterior denota un plan presidencial deficiente, si no cómplice, respecto de la permanencia de Manuel Monsalve en un cargo esencial para la seguridad de millones de chilenos”, afirmaron.
Una precisión importante es que la palabra “cómplice” fue modificada a “deficiente y negligente”.
Finalmente, la Comisión Investigadora planteó que el Caso Monsalve “ha sido un claro ejemplo de la brecha existente entre el discurso feminista del gobierno y la forma en que realmente responde a casos de violencia de género dentro de su propia Administración”.
Revisa aquí el documento completo.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
