El libelo fue presentado por la UDI, RN y Evópoli a raíz de los indultos presidenciales entregados a fines del 2022 al exfrentista Jorge Mateluna y a doce condenados por delitos ligados al estallido social.
La acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, será votada este martes en la comisión revisora, integrada en su mayoría por parlamentarios de oposición.
El libelo fue presentado por la UDI, RN y Evópoli a raíz de los indultos presidenciales entregados a fines del 2022 al exfrentista Jorge Mateluna y a doce condenados por delitos ligados al estallido social.
Este miércoles, el turno será de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia expondrá la defensa de la Ríos, el abogado José Antonio Viera-Gallo, quien ya durante la semana pasada afirmó ante la comisión revisora que las acciones de la otrora ministra no constituyen una ilegalidad, por lo que la acusación sería improcedente.
El escenario al interior de la Cámara es incierto, ya que algunos parlamentarios han admitido que el libelo ya no tiene un objetivo político claro, considerando que Ríos ya fue desvinculada de su cargo como ministra.
El diputado Eric Aedo (DC) sostuvo que “esta es una ministra que ya ha asumido una responsabilidad política y obviamente hay que decidir si es que a alguien que ya asumió sus responsabilidades políticas la vamos o no a condenar nuevamente”.
Por su parte, Flor Weisse (UDI) afirmó que “hoy puede que a lo mejor algunos sacan las cuentas y ven que no están los votos, pero todavía falta ver cómo se defienden, tanto por el lado de los acusadores como el de la acusada”.
Otro de los que se manifestó fue el diputado Jaime Naranjo (PS), quien recalcó que “una cosa es fiscalizar y otra es acusar. Equivocada y erróneamente se han utilizado las facultades que tenemos los parlamentarios“.
Finalmente, Gonzalo Winter (CS) insistió en que “ya ha quedado demostrado con todos los abogados que han concurrido a la Comisión Revisora que la firma de la ministra es una firma delegada“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
