La normativa contempla una serie de aspectos, entre ellos está que se termina con el principal problema de la actual legislación, es decir, su inaplicabilidad. Ahora no se requiere como único elemento probatorio que se demuestre el ánimo terrorista, sino que se contemplan diversos elementos.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que establece una nueva legislación que tipifica y sanciona delitos terroristas, tras la aprobación del informe de la comisión mixta.
La iniciativa, que fue visada con 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, es parte de la agenda de seguridad y fue refundido con cuatro mociones de senadores.
Así, se sanciona la asociación terrorista y también establece delitos y penas de acuerdo al grado de implicación en la organización terrorista.
El informe de la comisión mixta, además, resolvió dos aspectos de discrepancia que estaban pendientes en la Cámara Baja y en Senado. Se trata de la incorporación de medidas de interceptación de comunicaciones y la modificación excepcional de jurisdicción de una causa, en casos que sean de alta connotación.
El proyecto
En detalle, en el caso de la interceptación -con el uso de IMSI Catcher-, se dispone que en la investigación de delitos regidos bajo esta ley, y a petición de la Fiscalía, un juez podrá ordenar que se intervengan una o más redes de servicio de telefonía o de transmisión de datos móviles.
Dicha intervención también podrá ser requerida en casos de delitos vinculados a leyes sobre tráfico de drogas, control de armas y asociación ilícita.
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La interceptación se realizará a través del uso de tecnologías que “simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares para monitorear las direcciones IP, georreferenciación o localización de dispositivos”, indica el sitio web de la Cámara de Diputados.
Los registros que se obtengan que no sean relevantes para la indagatoria deberán ser eliminados de todo registro.
Ámbito jurisdiccional
Otro aspecto de la ley es que tanto la Fiscalía como la defensa del imputado podrán solicitar el cambio de competencia del tribunal.
Esto podrá ocurrir en delitos que la ley califica como terroristas y en casos de alarma pública o de especial complejidad. También se dará cuando se estime “fundamental” para el éxito de la indagatoria y no se vulnere el derecho a defensa del imputado.
¿Cuándo se podrá solicitar el cambio? Una vez que la investigación esté formalizada y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral.
Se deberá realizar al Pleno de la Corte Suprema, donde se solicitará que “el conocimiento de estos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago”.
La ley
De ese modo, la nueva normativa termina con el principal problema de la actual legislación, es decir, su inaplicabilidad. Ahora no se requiere como único elemento probatorio que se demuestre el ánimo terrorista, sino que se contemplan diversos elementos.
Asimismo, se crea un nuevo delito, el cual permite perseguir y sancionar a miembros de una asociación terrorista solo por el hecho de ser partícipes.
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Las penas van desde 5 años y un día hasta 15 años.
Si los integrantes de la asociación terrorista cometen otros delitos, las penas se sumarán.
También se sancionarán los casos de terrorismo individual y a quienes comentan delitos para colaborar con la asociación terrorista.
Junto con ello, también será penado el delito de financiamiento del terrorismo. Es decir, se sancionará a quien provea o recolecte fondos para una asociación terrorista y no forme parte de ella.
