A exmilitares, marinos, carabineros y civiles se les perdió el rastro desde que la justicia los condenó a la cárcel por crímenes cometidos durante el régimen militar. Esta información fue recopilada en una investigación exclusiva de CNN Chile.
Cerca de 17 condenados por violaciones a los derechos humanos se encuentran prófugos de la justicia. Esta cifra podría aumentar, ya que este año se esperan más sentencias por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívica- militar.
La información anterior es una investigación exclusiva de CNN Chile.
En el presente muchas familias están preocupadas por esta situación. “Cuando uno recibe las condenas yo creo que cada cual las siente como nadie puede dictarlo, fue doloroso porque uno siente que igual se sigue enfrentando a una burla, pero además de eso se agrega que se fugan”, señaló Lorena Pizarro.
Al desglosar los datos, se trata de exmilitares, marinos, carabineros y civiles, a quienes se les perdió el rastro desde que la justicia los condenó a la cárcel por vulneraciones a los derechos humanos en el contexto del régimen militar.
Dentro de este grupo se encuentra Federico Chaigneau, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sentenciado por el Caso Conferencia II, uno de los operativos de inteligencia que tenía como objetivo eliminar la cúpula del Partido Comunista. Entre las víctimas destaca el padre de Lorena.
“Uno piensa que, a ese papá, que uno busca desde los 10 años, pasó desde que le arrancaron las muelas, las uñas y le inyectaron pentotal, cianuro, lo quemaron vivo, lo quebraron entero… Yo, de adulta, digo que ojalá le hubiese dado un infarto, pero era un hombre joven, fuerte y sano, lo más seguro que no”, relató Pizarro.
De las pocas certezas que tiene, quien ahora es diputada y por años representó a los familiares, es que a su padre –Waldo Pizarro– lo desaparecieron en 1976. Nadie salió vivo del cuartel de exterminio Simón Bolivar.
Tuvieron que pasar 47 después para que los agentes de la DINA fueran condenados por la Corte Suprema. Desde entonces, poco se sabe de Chaigneau.
“Eso es ya como la guinda de la torta, es como que esperaste más de 40 años, no tienes la verdad, que la gente sepa que nosotros ni siquiera sabemos cuando lo asesinaron”, dijo la parlamentaria.
Por su parte, Karina Fernández, abogada de DD.HH., complementó: “Cuando en la última etapa en ejecución misma de la sentencia nos encontramos con estos obstáculos, claramente se genera una fractura del sistema que termina siendo mucho más costoso tanto para las víctimas como para el proceso”.
Cabe destacar que en el 2023 la Corte Suprema dictó 84 sentencias judiciales, lo cual fue un paso importante durante el año en que se cumplía medio siglo desde el golpe de Estado. No obstante, al mismo tiempo, expuso -de manera más evidente- las falencias del sistema.
Paulina Zamorano, del programa de DD. HH. del Ministerio de Justicia, señaló que “fue el momento en donde se vieron las causas que tenían la mayor cantidad de condenados”.
Uno de los prófugos que más tiempo se ocultó en Chile, fue Ricardo Lawrence, quien se desempeñó como exoficial de Carabineros y fue uno los fundadores de la DINA. Es considerado como uno de los más crueles torturadores.
Lawrence evadió la justicia por cinco años y se entregó en 2020 para cumplir condena. Dos años después, un cáncer terminó con su vida.
Al revisar el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, se contabilizan 17 agentes prófugos por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. De ellos, 16 se encuentran condenados y uno procesado. La mayoría se dio a la fuga, en 2023.
En otro caso figura, uno de los autores materiales del crimen a Víctor Jara, el capitán en retiro del Ejército Nelson Haase, quien se encuentra inubicable.
Además, de los militares Guillermo Salinas, René Quilhot y Pablo Belmar por el asesinato del diplomático de la ONU, Carmelo Soria, y otros condenados y prófugos por la Operación Cóndor y los casos Conferencia II y Caravana de la Muerte.
El principal riesgo para los representantes de las víctimas es que, quienes cumplen arresto domiciliario o firma mensual -a la espera de una condena-, se fuguen.
CNN Chile se contactó con la Policía de Investigaciones (PDI) para tener su versión sobre los hechos. Sin embargo, desde su Centro de Prensa respondieron que “por tratarse de causas judiciales que se encuentran abiertas y casos del sistema de justicia penal antigua, no es factible de acceder a lo que nos solicitan”.
Una de las fugas más recientes, ocurrió tras la sentencia contra diez miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el homicidio del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de -la entonces estudiante universitaria-, Carmen Gloria Quintana, en 1986.
“Logramos que se impusiera la medida de arresto domiciliario y, sin embargo, uno de los oficiales que estuvo a cargo de los operativos, logró burlar esta medida y está prófugo, quien es Iván Humberto Figueroa Canobra, sostuvo Francisco Bustos de Caucoto Abogados.
Canobra fue condenado a diez años y un día, junto a los exagentes Julio Ernesto Castañer y Nelson Fidel Medina Gálvez. Hasta el último momento y a través de su abogado, defendió su absoluta inocencia. Argumentando que ese día, sus labores como militar fueron de socorro.
“Me parece atroz, algo inconcebible, que después de tantos años de haber buscado justicia, en mi caso 38 años, uno de los detenidos en ese caso y en muchos más se da a la fuga”, afirmó Carmen Gloria Quintana, víctima de Caso Quemados.
Una vez acreditados como prófugos, hay dos caminos: se solicitan diligencias para su búsqueda y captura o bien, se interponen querellas por encubrimiento. Eso, si se detectan redes que lo ayudaron a esquivar la justicia.
“Existe casos donde existen redes de apoyo, en algunos son amigos y familiares y eso justamente está siendo parte de las investigaciones de los ministros en visita”, afirmó Paulina Zamorano, del programa de DD.HH. del Ministerio de Justicia.
Sobre el control que pueden tener los tribunales de primera instancia -dicen fuentes al interior-, es limitado. La prisión preventiva, por ejemplo, es difícil de decretar si el acusado ha cumplido con la firma mensual o el arresto domiciliario. De hecho, aseguran que les “juega en contra” que, por su edad o salud, estos exagentes no sean considerados -actualmente- un peligro.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
