El 31 de enero, el organismo presentó una querella contra la parlamentaria por su rol en el traspaso de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva. Revisa aquí los argumentos del CDE contra la exdiputada del FA.
Las investigaciones y acciones legales por el denominado Caso Convenios siguen su curso. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la diputada Catalina Pérez por su presunta participación como cómplice de fraude al fisco reiterado.
Según el documento del CDE, la parlamentaria intermedió ante el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, para que asignara los convenios a su entonces pareja, Daniel Andrade.
“La relación de la querellada con los otros imputados por el mismo delito y su influencia terminó por asegurar la ejecución de los hechos”, consignó un extracto publicado por Ex-Ante.
Asimismo, el organismo sostuvo que Pérez instruyó la coordinación con los imputados (Contreras y Andrade), lo que “confirma su colaboración en todas las etapas relacionadas con los convenios, motivada por el constante deseo de posicionar y establecer a su pareja”.
Lee también: “Me da vergüenza”: El mea culpa de Catalina Pérez tras nuevos chats revelados con Daniel Andrade
El escrito también plantea que, sin las gestiones de Pérez, Andrade no habría podido asegurar la inclusión de la fundación como receptora de fondos públicos del Programa de Asentamientos Precarios, pues “no contaba con ningún mérito para ser considerada dentro del programa, ni con los requisitos mínimos para operar, ni tampoco tenía la preparación ni experiencia su representante”.
Sobre este punto, el CDE argumentó que el representante legal de Democracia Viva en ese entonces no tenía vinculación con la región, por lo que “sin su colaboración jamás habría sido considerado por las autoridades regionales del distrito de la querellada”.
Actualmente, la parlamentaria está siendo investigada por el Ministerio Público por presunto fraude al fisco, debido a los convenios suscritos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por un monto de $426 millones.
El lunes 10 de febrero, la diputada enfrentará una jornada clave: tiene fijada una audiencia de desafuero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, solicitada por el fiscal jefe de la región, Cristián Aguilar, y en la cual también intervendrá el CDE.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
