El único representante de los pueblos originarios en el Consejo Constitucional envió un oficio a la mesa directiva del organismo para solicitar la realización de una consulta indígena. Esto, con el argumento de que el texto que deliberará la nueva instancia "afectará directamente a los pueblos indígenas reconocidos por ley".
El único representante de los pueblos originarios en el Consejo Constitucional, Alihuén Antileo, envió un oficio a la mesa directiva del organismo para solicitar la realización de una consulta indígena. Esto, con el argumento de que el texto que deliberará la nueva instancia “afectará directamente a los pueblos indígenas reconocidos por ley“.
En esa línea, Antileo pidió que se oficie al Ministerio de Desarrollo Social para que se pronuncie “acerca de la procedencia jurídica” de dicha consulta.
Al término del primer pleno del Consejo, Antileo explicó que su petición “se trata de un proceso de participación diferenciado que contempla nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que algún órgano del Estado adopta una medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y este es el caso. Hay a lo menos dos o tres normas que van a incidir en la vida y en el desarrollo de los pueblos indígenas, por tanto, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, actualmente vigente, procede la realización del proceso de consulta”.
En ese sentido, el consejero indígena expresó que lo que corresponde es que la mesa se pronuncie respecto a la admisibilidad de su petición y en caso de que así lo considere, lo remita al Ministerio de Desarrollo Social. “Sí lo acepta, llevar adelante la consulta indígena en plazos acotados (…) porque si no no se alcanza”, precisó.
De acuerdo a Antileo, esta consulta debería ser “obligatoria, porque el tratado está plenamente vigente en Chile, parte de nuestro ordenamiento en Chile y se toma como antecedente el primer proceso de Convención, donde también se realizó un proceso de consulta. Por tanto, en esta oportunidad procede también realizarlo“.
En caso de no hacerse, el consejero dijo que el Estado se arriesga “al no cumplimiento de sus obligaciones internacionales, por tanto, es altamente probable que parte del movimiento indígena y organizaciones mapuches soliciten un pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de la OIT y lo más probable es que también recurran a tribunales internacionales”.
De no efectuarse esta consulta, Antileo señaló que “sería un golpe duro a la participación de los pueblos indígenas. La consulta es una demanda de varias décadas del movimiento indígena, que no se realizara sería un revés serio a la participación“.
“Es la legitimidad del proceso lo que se busca resguardar, ese objetivo es el que se busca con la realización de la consulta indígena”, zanjó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
