La Central Hidroléctrica Llancalil, que se planea construir en el sector Huife, fue aprobado este jueves. El intendente regional, el alcalde de Pucón y la comunidad han manifestado su oposición al proyecto, ya que podría afectar al turismo de la zona.
Por 10 votos a favor y uno en contra, este jueves la Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía (Coeva) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Llancalil”, central de paso que se emplazará en el sector Huife Alto, a 23 kilómetros de Pucón.
La iniciativa, que busca generar 6,9 MW de energía, planea intervenir dos ríos, el Llancalil y Liucura, para instalar tuberías de aducción que encaucen 5 mil metros de agua a pocos kilómetros de las zonas terminales que se ubican a orillas del río Liucura.
Según detalla El Austral, también contempla remover 340.000 m3 de tierra; 38.000 m3 de suelo vegetal y 21,43 hectáreas de bosque nativo con roble, raulí y coigüe.
Este proyecto contó con el voto favorable de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los seremis de Medio Ambiente; Salud, Obras Públicas, Economía, Agricultura, Vivienda, Transportes, Desarrollo Social y Energía, quienes señalaron que la empresa oferente, Inversiones Huife, respondió de forma satisfactoria a las indicaciones presentadas.
La única autoridad que votó en contra fue el intendente de La Araucanía, Jorge Atton, quien argumentó que existe un “riesgo inminente e irreversible al medio ambiente” y que “no existen instrumentos de planificación que definan si el lugar de emplazamiento de la central afecta a la Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre”.
Movimientos ambientalistas, comunidades locales y el municipio de Pucón han sido firmes en su posición en contra de la central, ante el temor de que tenga un efecto negativo en el turismo de la zona.
Tras la votación, el alcalde de Pucón, Carlos Barra, declaró a El Austral que “me preocupa la actitud de los seremis, lo primero es escuchar a la ciudadanía, ese es un principio del Gobierno. Creo que actuaron muy técnicamente y se olvidaron que hay un deber moral que siempre hay que evaluarlo“.
Asimismo, Rubén Sánchez, de la comunidad Cayumán Sánchez, sostiene que “hicimos todo el esfuerzo apelando a la conciencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pensábamos que iba a primar el bien común, pero aquí se vio que primó el bien de un particular“. Destaca además que, a partir de esta decisión, iniciarán movilizaciones y acudirán a la justicia para que se revierta la decisión.
