El ente fiscalizador concluyó que la medida no cumple con los requisitos legales, y que no corresponde al Servicio la facultad de establecer mecanismos de regularización migratoria, sino que a la Subsecretaría del Interior.
La Contraloría General de la República acogió un requerimiento presentado por la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, y el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, relacionado con un instructivo del Ejecutivo sobre residencia temporal a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.
La acción fue ingresada en noviembre de 2023 y apuntaba a la legalidad del trámite de ratificación de residencia temporal, implementado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
De ese modo, el organismo concluyó que la medida no cumple con los requisitos legales, y que no corresponde al Servicio la facultad de establecer mecanismos de regularización migratoria, sino que a la Subsecretaría del Interior.
Asimismo, el ente aseveró que el Sermig se debe limitar a ejecutar decisiones y políticas establecidas por la Subsecretaría del Interior, y que se debe abstener de implementar mecanismos no autorizados por la ley.
En ese sentido, deben adecuar sus procedimientos como dicta la normativa vigente, lo que deben informar a la Contraloría en un plazo de 30 días.
La senadora de la UDI manifestó que el Ejecutivo “intenta pasar por sobre la voluntad del Congreso y adoptar medidas contrarias a la ley para regularizar a quienes están en situación irregular en nuestro país”.
Y añadió: “No es solo un tema de ideología, sino un esfuerzo consciente por ignorar las normas establecidas, lo que erosiona el Estado de derecho y socava la confianza en las instituciones”.
Mientras que el exdirector de Migraciones opinó que el Gobierno tiene una priorización constante por las personas que tienen situación migratoria irregular, lo que incentiva ingresos clandestinos.
“El crimen organizado y el aumento de extranjeros en las cárceles son un claro reflejo de la falta de control. Consideramos que la actual administración ha puesto en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes cumplen con las reglas”, cerró.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
