El ente contralor indicó que se emitieron órdenes de compra sin certeza real sobre la capacidad disponible de las instalaciones destinadas a hospedar a pacientes con coronavirus, derivando en un sobreprecio en servicios prestados.
Contraloría General de la República detectó nuevas irregularidades en el Ministerio de Salud durante la gestión del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Según determinó el ente fiscalizador, faltó control en los proceso de contratación de las residencias sanitarias, ya que se emitieron órdenes de compra sin certeza real sobre la capacidad disponible de las instalaciones, por lo que hubo sobreprecio en los servicios entregados, basados en nóminas con pacientes inexistentes o incluso huéspedes extranjeros que usaron estas instalaciones.
Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.
“De las diligencias efectuadas en el marco de la presente fiscalización, no fue posible identificar una decisión formal, debidamente sancionada, mediante la cual se hubiere determinado asignar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, SRA, la tarea de implementar la estrategia nacional de residencias sanitarias (RS) y en particular a la División de Atención Primaria, DIVAP, perteneciente a la referida subsecretaría, ni los fundamentos de esa determinación, aun cuando esto fue consultado a diversas jefaturas de la subsecretaría, quienes manifestaron desconocer o no tener del todo claro tales fundamentos”, señala el informe de Contraloría.
Dentro de las observaciones que realizaron, plantean que “en los servicios de salud fiscalizados no consta que ellos hayan analizado y evaluado sobre la base de criterios técnicos, la selección y contratación de los hoteles que funcionaron como residencias sanitarias; la definición de las condiciones pactadas y el resguardo del patrimonio público; y la determinación de otros aspectos relevantes, tales como la capacidad de ubicación de dichos recintos, en atención a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad”.
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Por su parte, el ahora candidato a la Convención Constitucional por el distrito 9, defendió su labor al mando de la subsecretaría y calificó de “mal intencionada” una publicación de un medio digital.
“El informe de Contraloría habla específicamente sobre mejorar las medidas de control. Una pandemia es una situación que nuestro país no había enfrentado en 100 años y nuestra institucionalidad y los controles se vieron estresados producto de esta enorme presión de la que fueron testigos los chilenos y, por lo tanto, puede no haber sido suficiente“, escribió en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, añadió que “en este caso las medidas de control funcionaron. A penas supimos de conflictos de interés de un funcionario, inmediatamente tomamos las medidas correspondientes: instruimos sumario, denunciamos en la fiscalía, terminamos su contrato laboral y dimos orden de no pago”.
A ello se sumó una auditoría realizada a los contratos con residencias sanitarias a lo largo del país, por lo que aseguró que “ningún peso del Estado llegó a ese hotel”. “Obviamente los que quieren sacar provecho político omiten lo anterior“, afirmó Zúñiga.
Una pandemia es una situación que nuestro país no había enfrentado en 100 años y nuestra institucionalidad y los controles se vieron estresados producto de esta enorme presión de la que fueron testigos los chilenos y, por tanto, puede no haber sido suficiente.
— Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) February 3, 2021
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
