La diputada Sofía Cid acusó que en julio pasado, las dependencias de la secretaría fueron utilizadas para la realización de una asamblea convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para promover la opción Apruebo de cara al plebiscito de salida. "Nadie puede pretender estar por sobre la ley, y menos vulnerar el principio de probidad", señaló.
La Contraloría General de la República acogió por medio de un oficio un requerimiento presentado por la diputada Sofía Cid (RN), en contra de la Seremi de Educación de Atacama.
La parlamentario acusó que en julio pasado las dependencias de la secretaría fueron utilizadas para la realización de una asamblea convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para promover la opción Apruebo de cara al plebiscito de salida.
De acuerdo a Emol, el ente fiscalizador sostuvo que “de lo constatado por esta entidad de control, es posible concluir que se aprecia el uso de inmuebles fiscales para la realización de actividades para la campaña o movimiento del ‘Apruebo’ de la propuesta de nueva Constitución, por parte de la CUT de Atacama”.
En esa línea, se agrega que “infringió las normas e instructivos anteriormente citados, sin que se observe que el servicio haya adoptado medidas preventivas, o durante el desarrollo de dichas actividades, sólo actuando en el momento que los hechos fueron publicados en la prensa regional, por lo que se acoge la denuncia de la diputada Sofía Cid Versalovic”.
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Asimismo, desde la seremi expresaron al mencionado medio que “a fines del mes de julio, el Ministerio de Educación ordenó la realización de una investigación sumaria para dilucidar los hechos ocurridos en dependencias de la Seremi de Educación de la Región de Atacama, con el fin de determinar la existencia de hechos que pudieran dar lugar a posibles responsabilidades administrativas”.
En esa línea, añadieron que”actualmente esta investigación sumarial está en proceso de revisión por parte del asesor jurídico de la Seremi respectiva. Una vez finalizado ese paso la resolución será enviada a la Contraloría General de la República”.
Sobre lo mismo, la parlamentaria sostuvo que “era una respuesta que estábamos esperando y confiados del resultado favorable, ya que los antecedentes de utilización de instalaciones públicas para actos de proselitismo político que se presentaron eran claros e irrefutables”.
“Es fundamental que las instituciones funcionen adecuadamente, tanto en el uso de sus instalaciones, como el gasto de los recursos y las funciones de su personal en horario laboral. Nadie puede pretender estar por sobre la ley, y menos vulnerar el principio de probidad. Espero se apliquen las sanciones ejemplares para que esto no vuelva a ocurrir. El Gobierno tiene que dedicarse a gobernar: en Atacama tenemos serios problemas en educación que deberían ser prioridad y no una campaña electoral”, zanjó.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
