El órgano fiscalizador determinó que no hubo incumplimientos respecto al manejo del ataúd, así como tampoco en el distanciamiento físico en la ceremonia a la que asistió el presidente Piñera.
La Contraloría General de la República (CGR) no detectó un incumplimiento de las medidas sanitarias en el funeral del arzobispo emérito Bernardino Piñera, realizado el 21 de junio pasado.
En un dictamen firmado por el contralor Jorge Bermúdez, la entidad fiscalizadora respondió a la denuncia hecha por el diputado Gabriel Ascencio (DC) y “diversas personas” que hace referencia a una vulneración del protocolo en cuanto al número de asistentes permitido, al distanciamiento que debía existir entre estos y a la manipulación del ataúd. Además, se cuestionaba la causa de muerte informada por el Ministerio de Salud.
En el dictamen, la Contraloría destaca que el Protocolo de Funerales indica que “el cadáver de un fallecido por COVID-19 no significa un riesgo sanitario mayor al que ya existe previamente por la enfermedad. El riesgo reside en la posibilidad de aglomeración de personas asistentes al funeral”.
Luego agrega que “el cadáver se debe encontrar siempre en un ataúd sellado. No es necesario un ataúd especial, ya que estos siempre deben ser herméticos e impermeables”.
En este sentido, las autoridades señalaron que lo que fue objeto de manipulación por parte de los asistentes al funeral fue la compuerta bajo la cual se encuentra una placa de vidrio sellada, la que es hermética e “impide el acceso al cadáver, de tal forma que la apertura de dicha compuerta no podría, bajo ninguna circunstancia, alterar la exigencia de hermetismo establecida por la normativa sanitaria”.
“En consecuencia, no se advierte un incumplimiento a las disposiciones protocolares antes indicadas“, determinó el contralor.
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En otro punto de discusión, la entidad cita que “la asistencia a la celebración queda restringida exclusivamente al núcleo directo del fallecido con un máximo de 20 personas”, y que “los asistentes deben cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas, es decir, mínimo un metro entre cada persona”.
Al respecto, el documento explica que al evento asistieron, según lo manifestado por los organismos, “20 personas de su círculo directo, entre los que se encontraban parientes -entre ellos el presidente de la República- y dos sacerdotes”.
“Además, tal como lo reconocen el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República en sus informes, en dicha ceremonia también se hallaba presente personal de prensa dependiente de la última repartición mencionada, y músicos contratados como parte de los servicios funerarios“, agrega.
“En este orden de antecedentes, es posible consignar que, para efecto de verificar el cumplimiento del Protocolo de Funerales se ha debido considerar el número total de asistentes al funeral y la calidad en la que estos estaban presentes en el lugar, con independencia de quién haya gestionado la participación de aquellos”, explica el documento.
Sobre la denuncia de falta de distanciamiento social, la Contraloría detalla que “tanto el Ministerio de Salud como la Presidencia de la República han señalado que, no obstante que tres de los concurrentes se acercaron al féretro, en todo momento se cumplió con la separación requerida, sin que se haya producido una aglomeración de personas, por lo que no existe reproche que formular“.
Esta versión fue expuesta por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, al día siguiente de ocurrida la ceremonia. “Se cumplió 100% el protocolo dado por el Ministerio de Salud. El presidente Sebastián Piñera y su equipo tuvo mucha precaución”, dijo en aquella oportunidad.
Finalmente, señala que “sobre la causa de muerte del aludido arzobispo, cumple indicar que ello no resulta relevante para efecto de determinar si en la especie se dio cumplimiento a las normas contenidas en el protocolo de funerales, toda vez que este no efectúa una distinción al respecto, resultando aplicable a cualquier acto funerario realizado durante su vigencia, en el contexto de la pandemia“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
