El órgano terminó su sumario sobre el estallido social y cómo actuó la institución policial con inéditas sanciones, las cuales son propuestas al general director Ricardo Yáñez para que evalúe si aplicarlas o no.
Contraloría General de la República (CGR) concluyó uno de sus sumarios realizados a Carabineros de Chile, proponiendo la suspensión de generales que estuvieron en servicio desempeñando funciones directas durante el estallido social.
Según recabó CNN Chile, se trata del general Enrique Bassaletti, actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y entonces jefe de la Zona Metropolitana Este.
La sanción también fue propuesta en contra del actual subdirector de Carabineros, general inspector Mauricio Rodríguez, y el general en retiro Jorge Ávila, entonces jefe de la zona de Control de Orden Público.
Este resultado no equivale a un fallo, sino al cierre del sumario. Ahora es el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien verá si acoge o no esta propuesta. Luego, será el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien refrendaría esta propuesta mediante un decreto supremo.
Con todo, la decisión del órgano contralor resulta inédita y es la segunda más alta según estatuto administrativo, después de la destitución.
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Junto a quienes se les recomienda sancionar están quienes fueron absueltos. Se trata de los cuatro generales Jorge Valenzuela, Enrique Monraz, Hugo Zenteno y Jean Camus.
Además, el sumario no sólo evaluó cuánto se uso de escopetas antidisturbios o balas de goma, sino también si Carabineros siguió o no sus propios protocolos de actuación en caso de tener que restablecer el orden público.
A grandes rasgos, se analizó el uso de gases antidisturbios en cuatro centros de salud: el Hospital Félix Bulnes, Clínica Santa María, Hospital Exequiel González Cortés y el Hospital Gustavo Fricke entre el 4 y 11 de noviembre de 2019.
Sería por la acción no resuelta en los primeros tres recintos de salud que se apunta a los generales Bassaletti, Rodríguez y Ávila, distinta a la situación del Gustavo Fricke donde el general Hugo Zenteno corrigió lo ocurrido en el hospital.
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También se revisó el uso de escopetas antidisturbios en Plaza Baquedano y sus alrededores entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, y la disponibilidad de carros lanza aguas para dispersar manifestantes, considerando que esta es una de las primeras medidas que debe ejercer la policía.
Sobre la controversia del contenido de este tipo de armamento, se registró que la composición de los balines era materia desconocida al momento de utilizarlos. Y sin bien se redujo el uso de escopetas antidisturbios desde el 27 de noviembre, no habría ocurrido lo mismo con la oportunidad de uso de este armamento
Según el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a marzo de 2020, 425 personas fueron víctimas de lesiones o traumas oculares.
“Escuchar la propuesta”
Ante lo propuesto por Contraloría, en el Congreso hubo reacciones dispares. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), afirmó que el órgano “debe tener argumentos sólidos para llegar a esa decisión, así que lo más importante sería escuchar la propuesta y actuar en consecuencia”.
El senador Álvaro Elizalde (PS), en tanto, aludió al gobierno como responsable de adoptar medidas. “En caso contrario, se tiende a profundizar la crisis de una institución que es fundamental para nuestro país, que obviamente requiere actuar siempre en el marco del Estado de Derecho”, dijo el parlamentario.
“Son totalmente cuestionables los reparos que está haciendo la Contraloría”, dijo por su parte el senador Iván Moreira (UDI), “porque no tiene atribuciones para eso”. “Vemos una Contraloría que se está autoasignando atribuciones de fiscalización que no las tiene. No necesitamos que se transforme en paralelo a la Corte Suprema”.