La acción, que surge como respuesta a un requerimiento presentado por los diputados Francisco Pulgar y Rubén Oyarzo, señala que aunque se cumplen requisitos para considerar los encuentros de los secretarios de Estado como lobby, no se constata la obtención de decisiones relevantes.
La Contraloría General de la República emitió este lunes un instructivo con el objetivo de “perfeccionar” los criterios relativos al lobby.
La acción surge en respuesta al requerimiento presentado por los diputados Francisco Pulgar y Rubén Oyarzo tras las polémicas reuniones en la residencia del exalcalde y lobbista Pablo Zalaquett, en las que participaron seis ministros.
El documento destaca que se cumplen ciertos requisitos legales y reglamentarios que podrían considerar estas actividades como lobby.
“Se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujetos pasivos y, además, se abordaron temas propios de las respectivas Secretarías de Estado”, señala el texto.
No obstante, el análisis aclara que “hasta la fecha no hay constancia de que en dichas reuniones se hayan solicitado u obtenido decisiones contempladas en el artículo 5° de la Ley de Lobby, como lo requieren tanto la ley como la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General”.
“Las autoridades que concurrieron a las reuniones de que se trata, invocan al efecto los criterios interpretativos de la propia jurisprudencia de esta Entidad de Control, y sostienen que, conforme a ellos, omitieron dejar constancia de tales actividades”, detalla el documento. Por lo que “a la luz de lo sostenido en los precitados dictámenes, referidos a situaciones de similar naturaleza, y teniendo presente el principio de certeza jurídica, no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman con base en una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta Entidad de Control mantenía vigente para toda la Administración al momento de la ocurrencia de tales hechos”.
Finalmente, el instructivo señala que “con el objetivo de reforzar la aplicación de los principios de probidad y transparencia que informan a la ley Nº 20.730, se procederá a perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría General en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la administración del Estado y a otras entidades sujetas a su control, sobre aspectos centrales del cumplimiento de dicha ley”.
Este pronunciamiento busca establecer pautas más claras y precisas respecto a las actividades de lobby, especialmente en situaciones donde se involucran figuras públicas y sujetos activos del ámbito político y empresarial.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
