Contraloría declaró “no procedente” un contrato entre la Municipalidad de Santiago y productora que organizó fondas 2022

Por CNN Chile

03.10.2023 / 17:54

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De acuerdo a lo mandatado por el ente fiscalizador, el municipio deberá "ponderar" el inicio de un procedimiento disciplinario respecto de la materia.


La Contraloría General de la República determinó que “no resultó procedente” el contrato entre la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan) y una productora para el desarrollo de fondas de 2022 en el Parque O’Higgins.

De acuerdo a lo denunciado por el concejal Juan Mena, este organismo “habría prestado un servicio en favor de la entidad edilicia sin haberse sometido a las normas sobre contratación pública, toda vez que en virtud del convenio suscrito entre ambas se habría permitido ejecutar una actividad lucrativa al interior de un inmueble municipal, a través del arriendo de espacio a terceros”.

Según lo consignado por Emol, desde la Municipalidad de Santiago señalaron que se tomó la determinación de “no formar parte de la organización de eventos de celebración de las fiestas patrias mediante acuerdos de colaboración, limitándose exclusivamente a otorgar permisos de ocupación de bienes nacionales de uso público y/o personas que así lo solicitarán, además de permisos transitorios de venta de alcohol“.

La productora implicada es Artemedios Agency SpA, a la que se le mandató desarrollar el evento “Ramadas Santiago 2022”.

La respuesta de Contraloría

Tras analizar lo expuesto, la Contraloría determinó que “no se resultó procedente que la Municipalidad de Santiago, para satisfacer necesidades o fines que le son propios, utilizara la figura de un permiso de ocupación de bien nacional de uso público para, en definitiva, otorgar una concesión y/0 efectuar la contratación de un servicio por parte de un tercero”.

Asimismo, señalaron que “se elude que sea el propio municipio el que desarrolle directamente tales actuaciones en ejercicio de las atribuciones y funciones que le competen, y por ende, la aplicación de las normas de derecho público que deben regir esas actuaciones“.

De esta manera, el ente fiscalizador ordenó al municipio adoptar medidas pertinentes para que en un futuro esta misma situación no vuelva a ocurrir.

“Además, esa autoridad comunal deberá ponderar iniciar un procedimiento disciplinario en relación con la materia, debiendo informar a este Ente de Control la determinación que, fundadamente, adopte al respecto, en igual plazo”, expresaron.