Tras la denuncia por violación contra Manuel Monsalve, el ente regulador busca que el Ministerio del Interior detalle en un informe, entre otros temas, el uso que el ahora exsubsecretario le habría dado a un avión de Carabineros con motivos personales, y la petición que le hizo a la PDI para revisar cámaras de donde habrían ocurrido los hechos.
Pareciera que las repercusiones del Caso Monsalve no se detienen para La Moneda. Esto luego que hoy se dio a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) ofició al Gobierno y a las policías por el uso del avión de Carabineros y revisión de cámaras sin autorización efectuado por el ahora exsubsecretario del Interior.
Según La Tercera, el ente regulador busca, entre otros aspectos, que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública detalle en un informe el uso que Manuel Monsalve le habría dado a un avión de la policía uniformada. Esto después de que se revelara que la otrora autoridad viajó a la Región del Biobío para comunicarle a su familia sobre la acusación en su contra, acción que habría ejecutado el miércoles pasado gracias a la aeronave, es decir, correspondiente a una instancia particular y no de trabajo.
La CGR también espera esclarecer la petición que Monsalve le hizo -sin tener facultades para aquello- a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para que revisen las cámaras de seguridad del hotel en donde habrían ocurrido los hechos denunciados.
De este modo, el oficio de la Contraloría va dirigido al Ministerio del Interior, Carabineros y PDI, y responde a la denuncia que hicieron las diputadas de Renovación Nacional (RN) Paula Labra y Camila Flores, una persona a modo particular.
Manuel Monsalve / ARCHIVO / AGENCIA UNO
La decisión de Contraloría se suma a otras acciones efectuadas por organismos del Estado.
La más relevante es la investigación penal que llega a cabo el Ministerio del Interior en contra de Manuel Monsalve, tanto por la denuncia por violación, como por la revisión de cámaras que solicitó, lo que podría derivar en obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Inteligencia.
Junto a ello, desde la misma secretaría de Estado se instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos.
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