Además, la entidad fiscalizadora declaró improcedente que el municipio utilizara plataformas como Facebook para difundir cuestionamientos sobre dictámenes judiciales, ya que dichas publicaciones incluían opiniones que "excedían el ámbito administrativo".
La Contraloría General de la República emitió este jueves un pronunciamiento en respuesta a la solicitud del concejal de Recoleta, Felipe Cruz, sobre el reemplazo del alcalde Daniel Jadue, actualmente en prisión preventiva, y la legalidad del uso de redes sociales municipales para cuestionar el actuar de los tribunales.
En cuanto al primer tema, la entidad fiscalizadora indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa vigente y la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Recoleta convocada para el 26 de julio a las 9:30 horas, se debe elegir a un alcalde suplente entre los miembros del concejo.
Este procedimiento es necesario debido al impedimento temporal del jefe comunal titular por un periodo superior a 45 días.
“Cuando un alcalde se encuentra en prisión preventiva, resulta imperativo proceder a su reemplazo para asegurar la continuidad de la función municipal”, conforme a lo establecido en la ley N.º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece el dictamen.
Por lo que se realizará una convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Municipal busca asegurar la continuidad de la gestión en Recoleta. Durante esta instancia, se espera que se designe a un alcalde suplente para cubrir la ausencia temporal de Jadue.
Sobre el uso de las redes sociales por parte de la Municipalidad de Recoleta para cuestionar dictámenes emitidos por tribuales, la Contraloría concluyó que fue improcedente que el municipio utilizara plataformas como Facebook para difundir cuestionamientos.
“Las ideas tratadas en dichas publicaciones no se limitaban a difundir información de carácter administrativo, sino que incluían opiniones que excedían ese ámbito”, sostiene el documento.
En ese sentido, también se señaló que “las publicaciones en las cuentas oficiales del municipio deben restringirse a comunicar información institucional y de interés general para la ciudadanía”.
La Contraloría también añadió que la Municipalidad de Recoleta deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que sus futuras publicaciones se ajusten plenamente a derecho.
Finalmente, el dictamen de la Contraloría concluye con una recomendación explícita para que el municipio arbitre todas las medidas necesarias para que sus actuaciones futuras sean efectuadas con plena sujeción a derecho.
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