El municipio sostuvo que actualmente la brigada de funcionarios mencionados no existe y que “solamente sirvió de apoyo y colaboración a Carabineros de Chile en el contexto del estallido social en el año 2019”. El ente regulador señaló que “los aludidos no pueden intervenir directamente en el marco de las manifestaciones sociales, ya que dicha situación importaría exceder las labores de apoyo y colaboración para las que están habilitados”.
Luego de una denuncia que interpuso el diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que los funcionarios de la seguridad municipal de Las Condes tienen prohíbo utilizar lumas, gas pimienta y otros elementos para realizar sus labores.
Según reveló La Tercera, el parlamentario acusó al ente regulador que la administración comunal habría capacitado a 46 inspectores de seguridad municipal para actuar como una brigada contra las protestas ocurridas durante el estallido social.
De este modo, agregó el medio citado, la Contraloría dio cuenta que los funcionarios participaron en un curso de formación impartido por la Policía de Cataluña a comienzos de 2021 y también rechazó que los guardias municipales participen en procedimientos de control de orden público.
Otro aspecto de la resolución indica que los trabajadores recibieron un alto contingente de elementos para repeler ataques y disuadir eventos de carácter violento.
“De los antecedentes tenidos a la vista, tales como órdenes de compra, facturas, actas de autorización presupuestaria, entre otros, se advierte que durante el año 2020, la referida entidad edilicia adquirió para el personal de la Dirección de Seguridad Pública: 45 pares de rodilleras ‘Titanias race negro’, mediante compra ágil, menor a 30 UTM, por un monto total de $ 1.259.640, a la empresa Trail SPA; 110 cinturones tácticos con accesorios (…), 110 linternas, 110 portalinternas, 110 esposas, 110 portaesposas, 110 bastones retráctiles, 150 gas pimienta y 110 portagas pimienta, por un total de $ 19.555.270”, dice el documento.
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Además, la Contraloría hace mención la adquisición de “45 cascos y 45 escudos antidisturbios, a través de la licitación pública (…), por un monto de $ 9.877.000, cuyo proveedor es la empresa Comercial e Industrial Dagoway Trade SPA, y 50 unidades de cascos blindados y visores balísticos, mediante la propuesta pública …., adjudica a la empresa de importaciones exportaciones e ingeniería limitada, en la suma de $ 17.920.448”.
El momento total superan los 47 millones de pesos.
De este modo, el ente regular dictó que “los aludidos funcionarios no pueden intervenir directamente en el marco de las manifestaciones sociales, ya que dicha situación importaría exceder las labores de apoyo y colaboración para las que están habilitados”, dice la resolución, agregando que “tampoco resulta conciliable con la referida labor de apoyo el empleo de gas pimienta, bastones retráctiles o lumas por parte del personal municipal dependientes de la Dirección de Seguridad Pública”.
También advirtió que “su uso es estrictamente para que sean utilizados en el cumplimiento de la función municipal relativa a la seguridad comunal, puesto que los cuerpos armados establecidos por el ordenamiento jurídico para tal efecto son de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, y no las municipalidades, lo que la aludida entidad edilicia deberá tener presento en lo sucesivo”.
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Patricio Navarrete, director jurídico del municipio de Las Condes, explicó al medio citado que “esta brigada actualmente no existe, y que solamente sirvió de apoyo y colaboración a Carabineros de Chile en el contexto del estallido social en el año 2019, colaborando con dicha institución en el despeje y limpieza de las vías públicas ante manifestaciones que interrumpieron el tránsito peatonal y vehicular en la comuna”.
“Jamás se ha pretendido sustituir las competencias que la Constitución y la ley entregan a las policías. Por tanto, se trató solamente de una labor de colaboración y apoyo a las policías en su rol de mantención del orden público”, agregó.
Finalmente, Navarrete sostuvo que “los cascos, rodilleras y los escudos son elementos de protección, que actualmente están guardados en bodega. Sin embargo, pueden ser utilizados cuando sea necesario en algún evento en que Carabineros necesite de nuestro apoyo en el despeje de las vías públicas como elemento de protección de nuestros inspectores”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
