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Una auditoría de la Contraloría General reveló la ausencia de equipos, negligencia institucional y falta de sanciones en los controles aduaneros del principal terminal aéreo chileno, exponiendo vulnerabilidades críticas frente al tráfico de mercancías ilícitas.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) expuso graves fallas estructurales y operativas en los controles aduaneros del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Este documento, correspondiente al informe final N.º 535/2024, puso en evidencia un sistema debilitado que, según los hallazgos, habría comprometido la seguridad nacional y socavado la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger las fronteras.
El estudio destacó que en 2023 las autoridades solo inspeccionaron el 0,059% de los documentos de internación, a pesar de que las operaciones de ingreso de mercancías habían aumentado considerablemente en los últimos años. Las revisiones se realizaban principalmente de manera visual, un método que los expertos calificaron como insuficiente para detectar mercancías ilegales.
Además, algunos despachadores se habrían negado reiteradamente a permitir inspecciones sin enfrentar las sanciones estipuladas por la normativa vigente. Por su parte, agentes de aduanas vinculados a contrabando y otras infracciones graves no recibieron multas ni medidas disciplinarias, según reveló la auditoría.
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Otra situación crítica fue la falta de documentación que acreditara la presencia de especialistas en fiscalizaciones de mercancías sensibles, como armas y municiones. Esto habría supuesto una negligencia en procedimientos que requerían altos estándares de seguridad y conocimiento técnico.
Frente a estos hallazgos, la CGR ordenó a la Dirección Regional de Aduanas Metropolitana implementar medidas correctivas inmediatas. Estas incluyeron la adquisición de tecnología adecuada, como escáneres de rayos X, y la adopción de procedimientos formales que aseguraran un control más eficiente. También solicitó sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas y aportar antecedentes de los casos denunciados.
El informe evidenció una preocupante fragilidad en los controles aduaneros del principal punto de entrada aéreo del país, lo que podría haber facilitado el ingreso de mercancías ilícitas. Además, planteó serias dudas sobre quiénes habrían sido los beneficiarios de este desorden y quién asumiría la responsabilidad de corregirlo.
En un contexto de aumento del tráfico de mercancías y crecientes amenazas transnacionales, la falta de acciones contundentes habría puesto en jaque tanto la seguridad nacional como la credibilidad de una institución clave en la lucha contra el crimen organizado.
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