La solicitud del órgano contralor se originó luego de que la diputada Gloria Naveillán presentara un oficio y solicitara iniciar un proceso administrativo para determinar, entre otras cosas, la legalidad del acuerdo.
En enero de este año, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve viajó hasta Venezuela para gestionar acuerdo sobre crimen organizado y migración. Sin embargo, hasta la fecha dicho convenio no se encuentra activo, ya que dicho país no ha nombrado a la persona que deberá desarrollarlo.
Bajo ese contexto es que la Contraloría General de la República solicitó un informe al subsecretario y a su par de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para saber qué ocurre en la materia, según consignó La Tercera.
Dicha petición se dio luego de un oficio de la diputada Gloria Naveillán al órgano contralor, con motivo de abrir un procedimiento administrativo para determinar si la medida es legal o no.
Además, solicitó al organismo liderado por Dorothy Pérez revisar las temáticas que trata el acuerdo, los plazos para su aplicación, y si Monsalve está facultado para su suscripción.
Según la parlamentaria, hay “dudas legítimas” en la Cámara de Diputados sobre las “atribuciones del Poder Ejecutivo para la suscripción de dicho acuerdo sin la ratificación de otro poder del Estado, tal como ocurre con la suscripción y ratificación de Tratados Internacionales”.
En un plazo de 10 días hábiles, la Contraloría solicitó a Monsalve y de la Fuente entregar información al organismo respecto a lo expuesto por la diputada Naveillán.
Así se lee en el documento: “En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, sirva informar a este Organismo Contralor al tenor de lo expuesto por el recurrente, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”.
El informe “debe ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.
La Subsecretaría del Interior señaló al medio citado que el informe ya fue entregado a la Contraloría. Mientras que en Relaciones Exteriores comentaron que están preparando una respuesta, la cual se “entregará dentro de los plazos establecidos”.
El acuerdo -que se firmó el 18 de enero- tenía como finalidad lograr colaboración mutua entre ambos países para facilitar información necesaria para la investigación de delitos, además de promover el intercambio de conocimiento especializado para el combate contra el crimen organizado.
En esa oportunidad se informó que estaría orientado a promover el intercambio de conocimiento especializado y participación en actividades de capacitación. Todo ello en el ámbito de las respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y cumplimiento de las funciones de cada país.
La parlamentaria busca que el órgano contralor se pronuncie, para así obtener “transparencia y tranquilidad, porque Monsalve fue a Venezuela y han habido muchos rumores respecto del resultado y de qué es lo que se conversó allá y qué ofreció a cambio”.
Según dijo, busca saber qué ofreció el Estado, a través de Monsalve, para que de esa manera Venezuela dijera que sí a a la entrega de información.
“Estoy segura de que aún hay elementos que se desconocen de esas negociaciones. Estoy segura y es muy probable que nunca sepamos todo lo que ocurrió. Y eso es lo grave de la situación”, advirtió.
Cuando no se tiene claridad “y cuando las autoridades no son 100% transparentes respecto de temas tan relevantes como este, se presta para que la imaginación vuele”, comentó.
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