Un grupo de constituyentes de derecha presentó una iniciativa para la nueva Constitución que considera mantener los 21 jueces del máximo tribunal del país, crear un servicio público que garantice acceso a la justicia de las personas vulnerables y un consejo autónomo que asuma las tareas de nombramientos, disciplina, formación, administración y calidad de los servicios judiciales.
(CNN Chile/Agencia Uno) – Este lunes, un grupo de convencionales de derecha presentaron su propuesta constitucional en materia del Poder Judicial, donde consideran, entre otros aspectos, cambiar el “modelo jerárquico” de la Corte Suprema y crear un Consejo de la Judicatura.
La iniciativa cuenta con 14 artículos y fue firmada por los convencionales de Renovación Nacional (RN) Ruggero Cozzi, Luis Mayol, Patricia Labra, Cristián Monckeberg y Manuel José Ossandón; de Evolución Política (Evópoli) Hernán Larraín y Barbara Rebolledo; de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Carol Bown y Rodrigo Álvarez; y del Partido Republicano (REP) Ruth Hurtado.
En los próximos días la iniciativa deberá ser discutida en la comisión de Sistema de Justicia, donde la centroderecha cuenta con cinco de los 19 miembros de la instancia.
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En primera instancia, la propuesta establece los principios de la función jurisdiccional: legalidad, exclusividad, independencia, tutela judicial efectiva, debido proceso, inexcusabilidad, inamovilidad y responsabilidad, entre otros. Para garantizar acceso a la justicia se establece que la ley creará un “servicio público que permita acceder a la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad social”, reemplazando el actual sistema de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
Respecto a la Corte Suprema, la iniciativa mantiene su composición en 21 ministros, innovando en un límite de 15 años en el cargo de juez de la Corte Suprema. Como requisito de nombramiento se exige a lo menos 15 años de experiencia en funciones jurisdiccionales. Se eliminan los abogados integrantes, pero se mantienen 5 ministros de la Corte Suprema que sean externos al Poder Judicial.
Además, se mantiene el actual sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema buscando la colaboración del Presidente de la República y Senado, aunque subsanando la falta de transparencia en la conformación de las quinas, dejándole aquella tarea al Consejo de la Judicatura a través de un sistema de concurso público, transparente y sobre la base del mérito de los candidatos.
La principal innovación de la propuesta, indican los convencionales, es el cambio desde un modelo jerárquico donde la Corte Suprema concentra la superintendencia jurisdiccional, disciplinaria y económica del Poder Judicial, hacia un modelo que garantice de gobierno judicial la independencia, disciplina y buena gestión, a través de la creación de un Consejo de la Judicatura que funcione como órgano constitucionalmente autónomo, y que concentre las tareas que actualmente desempeñan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y la academia judicial.
En concreto, los integrantes del órgano redactor firmantes de la medida proponen que el Consejo de la Judicatura esté compuesto por 11 miembros (seis de ellos pertenecientes al Poder Judicial y cinco miembros externos). Entre sus miembros estarían el presidente de la Corte Suprema y otros cinco jueces elegidos democráticamente por sus pares, dos miembros externos designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, un miembro elegido por el Consejo de Alta Dirección Pública, un miembro elegido por el estamento de profesionales o funcionarios de los tribunales, y un miembro elegido por facultades de derecho.
Las tareas del Consejo de la Judicatura estarían organizadas en tres grandes áreas:
En definitiva, la iniciativa señala que “crear un Consejo de la Judicatura implica modernizar el actual sistema de gobierno judicial, guiado a que los jueces y juezas se dediquen exclusivamente a la función jurisdiccional, dejando asuntos de gestión a esta nueva institucionalidad, lo que beneficiará a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país”.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
