El proyecto de resolución busca la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante las protestas. Los diputados acusan que detrás de las medidas cautelares "hay motivos políticos".
La bancada de diputados de Convergencia Social (CS) presentó un proyecto de indulto para las personas que se mantienen en prisión desde el denominado estallido social.
La iniciativa contempla la conformación de una comisión que trabaje en un indulto general para los condenados; la orden del presidente Sebastián Piñera al Ministerio del Interior de desistir en las querellas por Ley de Seguridad del Estado; y la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa.
La colectividad acusó que la gravedad de las medidas cautelares no tiene una explicación jurídica y que las condenas se habrán aplicado “más por criterios políticos que jurídicos”.
Ante este reclamo, CS pidió la conformación de una comisión integrada por organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y representantes del Ejecutivo que trabajen en la elaboración de un proyecto de ley de indulto general a los condenadas por delitos asociados a las manifestaciones sociales.
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“Cuando vemos que son cientos los manifestantes que a 12 meses del estallido aún siguen en prisión preventiva, incluso sin antecedentes de ningún tipo, entendemos que detrás de esas medidas cautelares hay motivos políticos“, manifestó el diputado Diego Ibáñez.
A sus palabras se sumó el parñamentario Gabriel Boric, quien planteó que “tenemos la convicción de que hoy día se está utilizando herramientas como la prisión preventiva para castigar de manera injusta y arbitraria a muchas personas que decidieron levantarse para cambiar Chile”.
El director ejecutivo de la ONG Los Ojos de Chile, Matías Vallejos, aseguró que “no existe ninguna explicación jurídica o ética para que imputados por desórdenes, sin antecedentes, se mantengan en prisión preventiva por tanto tiempo sin que se desestimen sus casos”. Además, recalcó que esta medida cautelar pone en riesgo la salud de los imputados en período de pandemia.
Por último, la diputada Gael Yeomans sostuvo que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contraviene “la recomendación del informe de la Comisión Interamericana de DD.HH., en contexto de una revuelta social que se produjo en todo el país”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
