El fiscal general de Venezuela planteó que la muerte del exmilitar Ronald Ojeda fue una "operación de falsa bandera" perpetrada por agentes chilenos y extranjeros. También dijo que si los presuntos involucrados son venezolanos, no existe la posibilidad de que sean extraditados a Chile debido a lo que establece su Constitución.
El gobierno chileno reaccionó a los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien planteó que la muerte de Ronald Ojeda tenido que ver con “agentes chilenos”. Fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien afirmó que “el Estado chileno no va a entrar especulaciones”.
El secretario de Estado fue enfático en señalar que la investigación del Caso Ojeda está a cargo del Ministerio Público, “una institución de alto prestigio y que es muy seria para desarrollar sus investigaciones, y particularmente en este caso el fiscal Barros”, dijo a 24 Horas.
En ese sentido, sostuvo que las especulaciones que se hagan en el extranjero sobre “antecedentes de los cuales no se disponen, es algo que ni el gobierno va a comentar ni corresponde que nosotros entremos en diálogo para legitimar ese tipo de comentarios” (…). Este es un país que respeta a sus instituciones y que no está acostumbrado a la especulación judicial”.
Consultado por si le preocupa la tesis planteada por el fiscal venezolano, respondió que “en Chile somos respetuosos de las instituciones, de la autonomía del Ministerio Público y de la autonomía del Poder Judicial, en Chile no se especula sobre casos judiciales”, reiteró.
Y añadió que el crimen del exteniente es un “hecho gravísimo” que ocurrió en Chile a un ciudadano venezolano que tenía condición de refugiado otorgada formalmente por el Estado chileno.
El fiscal Tarek William planteó que el exmilitar venezolano habría sido asesinado producto de un ataque por parte de agentes chilenos y extranjeros.
Según dijo, hubo una “operación de falsa bandera”, la cual, a su juicio, “tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento”.
El persecutor también señaló que si los presuntos involucrados son venezolanos, no existe la posibilidad de que sean extraditados a Chile debido a lo que establece su Constitución.
“De tratarse de ciudadanos venezolanos, esa posibilidad es completamente imposible, debido a una prohibición constitucional. Venezuela no extradita a sus nacionales desde la aprobación de la Constitución de 1999″, aseveró.
Y agregó que si son detenidos en ese país, los juzgarán allá “con base en las evidencias recabadas por la Fiscalía de Chile, que no entregó nada”.
El líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, también abordó los dichos de su par venezolano, señalando que si la Fiscalía de Venezuela ha recabado antecedentes que permitan esclarecer su tesis, los hagan llegar por la vía formal, para así “enriquecer la investigación que se lleva adelante en nuestro país”.
“Lo que uno puede esperar es que si tienen información relevante nos lo hagan llegar formalmente”, manifestó.
También comentó que respecto al crimen de Ronald Ojeda hay una persona que está privada de libertad al considerarse sospechosa del hecho, además de dos prófugos que estarían en Venezuela.
Cuando se le preguntó por los dichos de Venezuela, que ha asegurado que Chile “no ha colaborado” en la entrega de información respecto al caso, respondió que la investigación de un hecho ocurrido en Chile “corresponde investigar a las autoridades nacionales”.
“No corresponde que aportemos más antecedentes mientras no haya un proceso de extradición, y ese proceso de extradición para iniciarse desde Chile tiene que haber dos personas detenidas. Esperamos que las autoridades venezolanas concreten su cooperación por la vía de detener esas personas y ponerlos a disposición chilena”, sentenció.
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