Parte de la plana ejecutiva estaba al tanto de los dictámenes de las cuotas de pesca por un nexo familiar en la Contraloría.
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Los querellantes del caso Corpesca sostienen que el cohecho en el caso queda de manifiesto tanto en la actuación como en la comunicación directa de Jaime Orpis y Marta Isasi con la alta gerencia de la empresa pesquera.
Pero también afirman que debería existir un reproche administrativo por los vínculos con otros organismos públicos. Mientras un dictamen era tramitado en la Contraloría sobre las cuotas de pesca, el gerente de Corpesca accedió a dichas resoluciones a través de un familiar.
A través de correos, el abogado Felipe Bazán, quien trabajó en la Contraloría hasta 2013, se comunicó con su tío, el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, para dar cuenta del monitoreo que se realizaba al dictamen, tanto cuando los documentos llegaban a la base de datos, sin la firma del contralor, o cuando el procedimiento ya estaba listo. Según Bazán, para tener acceso a esa información ocupó el sistema público de publicaciones y no mecanismos internos.
En ese contexto, algunos abogados querellantes quieren que la sanción penal a la pesquera sea mayor y que se disuelva la firma. Conoce los detalles en el informe adjunto.
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