El máximo tribunal decidió rechazar la aplicación de la figura de la media prescripción para reducir las penas de los condenados, por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema confirmó la condena de tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestros calificados y aplicación de “tormentos con violencia sexual” perpetrados en contra de 10 personas.
Desde el organismo detallaron que los delitos fueron cometidos en contra de seis detenidas y cuatro detenidos del centro clandestino conocido como “Venda Sexy”, ubicado en la comuna de Macul, entre los meses de septiembre y diciembre de 1974.
En fallo unánime, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que condenó a Manuel Rivas Díaz, Hugo Hernández Valle y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a una pena de 15 años y 1 día de presidio, más las penas accesorias, por ser autores de los delitos de “secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual”.
El máximo tribunal decidió rechazar la aplicación de la figura de la media prescripción para reducir las penas de los condenados, por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
El abogado querellante Francisco Ugás Tapia señaló que “este fallo permite cerrar este largo y complejo camino por verdad y justicia, por el cual han transitado, con una enorme fortaleza, quienes sufrieron estos terribles crímenes. Lamentablemente, la impunidad biológica nos ha impedido contar con más criminales condenados que participaron en aquellos”.
Por su parte, Carmen Alejandra Holzapfel, una de las víctimas, señaló recibir “con mediana alegría la noticias del fallo de la Corte Suprema, en que se confirma lo resuelto por la Corte de Apelaciones y se valida que fuimos sometidas a tormentos de índole sexual en el centro de secuestro, tortura y exterminio llamada por los perpetradores como ‘Venda Sexy'”.
Sin embargo, agregó que todavía existe “enorme cantidad de compañeros y compañeras que no han recibido justicia ni reparación y aún no hemos logrado que las fuerzas represivas y funcionarios civiles de la dictadura entreguen información respecto del destino de nuestros amados y amadas compañeras”, agregó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
