Para dos de las víctimas, se fijó una indemnización de US$ 150 mil, mientras que para otros cuatro el monto quedó en US$ 100 mil.
(EFE) —La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves al Estado de Chile por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial de los socios de la emisora de radio La Voz del Sur, que fue expropiada por la dictadura cívico-militar en 1973.
En la sentencia notificada a las partes, la Corte indica que existe una violación a los derechos de Mario Galetovic Sapunar, Daniel Ruiz Oyarzo, Carlos González Jaksic, Óscar Santiago Mayorga Paredes, Hugo René Formantel Díaz y Néstor Edmundo Navarro Alvarado, socios de la radio.
Durante el golpe militar ocurrido el 11 de septiembre de 1973, después de transmitir el último discurso del entonces presidente Salvador Allende, funcionarios del Ministerio de Defensa tomaron control de la radiodifusora La Voz del Sur y detuvieron a su locutor.
Ese mismo día y al día siguiente detuvieron a cinco de las seis víctimas del caso y los privaron de su libertad.
Asimismo, el gobierno militar, mediante los decretos emitidos en 1973 y 1974, declaró disuelta la sociedad Ruiz y Compañía Ltda (dueña de la radiodifusora desde junio de 1972) y La Voz del Sur pasó a propiedad del Estado.
En septiembre de 1995, Mario Galetovic Sapunar, en representación de sus socios, interpuso una acción civil para solicitar la nulidad de los decretos, que los despojaron de la radiodifusora, y obtener una reparación.
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Sin embargo, en 2004 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Chile emitió una sentencia de casación en la cual confirmó las decisiones judiciales que declararon la invalidez de pleno derecho de los decretos, pero determinó que el componente patrimonial de la acción había prescrito a los 5 años de su promulgación.
“La decisión de dicho tribunal interno no tuvo en cuenta que la expedición de los decretos mediante los cuales se confiscó y expropió la radiodifusora ocurrió en vigencia de una dictadura militar, y durante ese periodo no podía exigirse a las presuntas víctimas interponer ninguna acción. Por esa razón, la Corte consideró que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”, indica la sentencia de la CorteIDH.
La Corte encontró que, en este caso, “había circunstancias que, examinadas en su conjunto, imponían a la Sala Tercera de la Corte Suprema chilena el deber de hacer un análisis sobre la posibilidad de interrumpir el cómputo de la prescripción de la acción de reparación”.
La CorteIDH reiteró su jurisprudencia en el sentido de que la “reparación de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago de una compensación en un procedimiento administrativo”.
El tribunal ordenó al Estado de Chile adecuar a los estándares de la Convención Americana las normas sobre prescripción de acciones reparatorias en casos de violaciones a los derechos humanos, y pagar a las víctimas indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como por costas y gastos.
Para dos de las víctimas, se fijó una indemnización de US$ 150 mil, mientras que para otros cuatro el monto quedó en US$ 100 mil.
Los representantes legales de los afectados, Ciro Colombara y Jennifer Alfaro, dijereon estar “muy satisfechos, porque después de más de 20 años de batalla judicial, tanto en Chile como a nivel internacional, la Corte Interamericana le ha dado la razón totalmente a las víctimas, reconociendo que su lucha fue legítima”.
“La indemnización de US$ 700 mil repara parcialmente el daño sufrido, pero lo relevante es que la Corte establece que no hubo recursos judiciales adecuados para la reparación y le ordena al Estado la aplicación del control de convencionalidad, cuando no se considera la interrupción o suspensión de la prescripción en casos de violaciones de derechos humanos. Esto abre un abanico de posibilidades en la continua búsqueda de verdad, justicia y reparación a distintos casos en situaciones similares”, agregaron.
Todos los ojos han estado centrados en saber más del presunto responsable, Luigi Mangione, joven de 26 años que fue detenido el lunes por en un McDonald’s de Pennsylvania.
