Corte Suprema condenó a militares en retiro por el secuestro de profesor universitario durante la dictadura
Por CNN Chile
10.08.2023 / 07:47
En un fallo unánime, el máximo tribunal condenó al oficial en retiro Manuel Carevic Cubillos y al otrora suboficial Patricio Silva Abarca a siete años de presidio por ser coautores del delito.
La Corte Suprema condenó a dos miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Gonzalo Toro Garland, profesor de la Universidad de Chile, durante la dictadura cívico-militar.
En concreto, el hecho fue cometido a partir del 4 abril de 1974, en la vía pública y continuado en el Hospital Militar, recinto asistencial donde la víctima fue internada tras resultar herida en la detención. Desde dicho lugar se perdió su rastro.
En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó al oficial en retiro Manuel Andrés Carevic Cubillos y al otrora suboficial Patricio Alberto Silva Abarca a siete años de presidio en calidad de coautores del delito.
Respecto a Silva, señalaron que “era el segundo jefe del Departamento de Seguridad del Hospital Militar, prestando cooperación para mantener encerrado sin derecho a Gonzalo Toro Garland, encargándose que se mantuviera su custodia, así como el acceso de los agentes de la DINA, pudiendo estos retirarlo del establecimiento”.
Por su parte, sobre Carevic en el fallo se detalla que “dirigía y formaba parte del grupo de la DINA que custodiaba a la víctima en su estadía en el centro hospitalario, por lo que se estimó por los sentenciadores que sus conductas se vinculaban con una cooperación en la ejecución del ilícito”.
El documento afirma que cada uno de ellos “colaboró directamente a la ejecución del delito (…), ejerciendo control sobre el ofendido cuando este se hallaba en cautiverio, privándolo de trasladarse libremente de un lugar a otro y obligándolo a permanecer en un determinado sitio o espacio cerrado contra su voluntad, asegurando con ello la mantención de su condición o destino”.
En el aspecto civil, el máximo tribunal condenó al Estado a pagar una indemnización de $60 millones por concepto de daño moral al demandante Gonzalo Toro Fernández.
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