Además de la secretaria de Estado, el máximo órgano jurisdiccional ofició a la delegada presidencial de Los Ríos, Carla Peña; y a la Prefectura de Carabineros de Valdivia, para que procuren el cumplimiento de las medidas de protección del fundo La Galera.
La Corte Suprema decidió oficiar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por la toma de un terreno en la comuna de Corral, el cual lleva más de un año ocupado por comuneros mapuche.
Además de la secretaria de Estado, el máximo órgano jurisdiccional ordenó a la delegada presidencial de Los Ríos, Carla Peña, y a la Prefectura de Carabineros de Valdivia, que procuren el cumplimiento de las medidas de protección del fundo La Galera.
Esta situación se da después de que las familias propietarias del fundo, actualmente ocupado por varias personas y miembros de la comunidad Lonco Pablo Nauco, informaran que, mediante un oficio en marzo de 2022, el Ministerio Público ordenó la presencia continua de Carabineros en el lugar. Algo que, según los propietarios del terreno, no se estaba llevando a cabo en los términos acordados.
En respuesta a esta situación, las familias propietarias presentaron un nuevo recurso de protección contra los comuneros, con el objetivo de que la justicia ordenara el desalojo.
Sin embargo, la acción fue rechazada en la Corte de Apelaciones de Valdivia, motivo por el cual llevaron el caso hasta la Corte Suprema para su revisión, lo que resultó en el oficio a la ministra, la delegada y la prefectura de Carabineros.
Según informó Radio Biobío, el fallo de la Corte Suprema señala que “son los mismos funcionarios policiales quienes reconocen que no están cumpliendo la medida cautelar“.
La cual consiste en permanecer en el predio Punta Galera las 24 horas del día, a lo que Carabineros solo se limitaba a realizar visitas y rondas periódicas permanentes.
El fallo menciona que, a la luz de los resultados, la medida ha sido ineficaz; de ahí entonces, el oficio que será enviado a las autoridades de Gobierno y la institución policial.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
