El máximo tribunal desestimó "el actuar arbitrario o ilegal" en la dictación del reglamento. Por tanto, se confirma el rechazo al recurso de protección presentado por las parlamentarias Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez y Lorena Fries.
La Corte Suprema rechazó del recurso de protección presentado por un grupo de parlamentarios en contra de la resolución de la Cámara de Diputadas y Diputados, respecto al nuevo reglamento de control de consumo de drogas de miembros en ejercicio.
En el fallo (causa rol 138.806-2022), la tercera Sala del máximo tribunal, integrada por la ministra Ángela Vivanco, junto a los ministros Mario Carroza, Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Diego Munita Luco y Gonzalo Ruz Lártiga, desestimó el actuar arbitrario o ilegal en la dictación del reglamento cuestionado.
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“Que, asimismo, en otras ocasiones ha señalado este tribunal que no cabe cuestionar la autonomía e independencia de un organismo como la Cámara de Diputadas y Diputados en el ejercicio de sus funciones, lo que, por cierto, incluye la dictación de sus propias normas internas, sin que pueda otro órgano del Estado inmiscuirse en las materias que la ley y la Constitución han puesto bajo la órbita de su competencia”, sostuvo el fallo.
“No obstante, ello no impide la revisión que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a realizar, a través de la presente acción constitucional, acerca de las denuncias que se realicen en relación con eventuales vulneraciones a las garantías constitucionales de las personas o de las actuaciones realizadas al margen de las atribuciones entregadas por la ley o la Constitución”, agregó el máximo tribunal en la resolución.
En ese contexto, la sala constitucional, de acuerdo a los antecedentes, argumentó que “en un primer aspecto formal se dio correcto cumplimiento a las normas sobre tramitación interna de la Corporación en la dictación del cuestionado reglamento, sin que se vislumbren actuaciones ilegales o arbitrarias” y agregó “debiendo descartarse que la materia solo pueda ser regulada a través de una normal legal y no reglamentaria o que durante la tramitación se haya incurrido en irregularidades (…) Los hechos que en tal sentido han sido denunciados no aparecen como vulneraciones propias de un recurso como el que se ha deducido”.
La Corte Suprema remarcó que se “respeta la voluntariedad en el actuar de los miembros de la Cámara sin que sea pertinente una revisión ajena algún caso concreto, por lo que la decisión que se adopta en la presente causa, no obsta a otras acciones que puedan amparar a los miembros de tal institución para algún caso concreto”. Por tanto, la resolución del máximo tribunal confirmó la sentencia apelada del pasado 21 de octubre de 2022 dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
¿Qué pasó?
Las diputadas Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Lorena Fries, Marcela Riquelme y Clara Inés Sagardia, presentaron un recurso de protección en contra la de Cámara, calificando como ilegal y arbitraria la dictación del Reglamento sobre el control del consumo de drogas aplicable a los parlamentarios en ejercicio, aprobado en la sesión N.º 38 del pasado 26 de junio de 2022 y N.º 46 del 13 de julio del mismo año.
Asimismo, manifestaron que estaba en contra de la difusión del listado de las personas sorteadas para la aplicación del test de drogas.
