Isabel lleva cinco meses intentando que sus arrendatarios dejen su hogar, luego que quedara sin ingresos para pagar la habitación donde vive. Sin embargo, la actual suspensión de los desalojos tiene a los propietarios atados de manos.
“Acá me dicen ‘no llame para almorzar, le damos nosotros’. Para mí y mi hijo. Es súper denigrante porque yo nunca había pasado por esto“, dice Isabel entre lágrimas, pues asegura que ya no tiene ningún peso para sustentar a su familia.
Encerrada entre cuatro paredes, con la precariedad a la vista y la impotencia a sus espaldas, la mujer busca justicia. Hace poco más de un año arrendó su única casa en Maipú para costear un altísimo tratamiento médico y se fue a vivir temporalmente a una habitación con su hijo.
Pero desde marzo que sus arrendatarios nunca más pagaron y la dejaron en la ruina. “No te imaginas cuánto me he arrepentido de haber salido de mi casa. Pero, ¿qué hacía? Era mi casa o mi pie”, afirma.
En la casa que arrendó le han dado la misma respuesta: a fin de mes se irán. Ya van cinco meses y aún no puede volver a su hogar.
Debido a que el Poder Judicial paralizó todas las demandas y órdenes de desalojo mientras dure el estado de excepción, lo que ha dejado a muchos de brazos cruzados.
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Carolina también sufre el mismo problema. En su caso, quedó entrampada en el último paso: el desalojo. Al día siguiente de aparecer su caso en CHV Noticias los ocupantes huyeron sin pagar. Sin embargo, el estado en que fue dejado el inmueble implica reparaciones por sobre los $5 millones, sumados a otros $5 millones de deudas.
A esto se sumaría otra complicación. El diputado Alexis Sepúlveda (PR) ingresó una iniciativa que permite que no se pueda desalojar, embargar o subastar por 12 meses desde su promulgación, pero sin hacer distinciones entre los beneficiados.
“Hay que ver en detalle que estos lanzamientos no perjudiquen a propietarios cuyo arriendo sea prácticamente el único ingreso que tenga ese núcleo familiar”, señaló el parlamentario.
Por su parte, Leonor Etcheberry, vicepresidenta del Colegio de Abogados, advirtió una arbitrariedad en presuponer que el único afectado es quien arrienda. “Si uno mira las leyes que se dictaron en urgencia en otros países, claramente tienen que demostrar que han sido afectadas por el COVID-19. Esta ley es tan amplia que perfectamente podría caber quien lleva dos años sin pagar y no ha sido demandado, y dice ‘bueno, me dieron un año más’“, señaló.
Por ello, la mediación ha sido una instancia que entrega soluciones a quienes se encuentren en la posición de Isabel. Fue este el camino que siguió la arrendadora afectada, quien gracias a la asistencia pudo llegar a un acuerdo con su arrendatario.
“Al final me va a pagar la deuda. Se va el 15 de octubre. Para mí esto ya quedó saneado y ahora solamente esperar al 15 e ingresar a mi casa. Ansiosa”, asegura Isabel.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
