Cristián Vargas, quien en 2015 fue removido de su cargo junto con el entonces director del organismo, Michel Jorratt, sostuvo que la decisión respondió a "una intervención del SII directa para la implementación de una estrategia de impunidad en esos casos de ilícitos tributarios".
Han pasado seis años desde que, en 2015, se destaparon los mecanismos de financiamiento irregular de la política y que dieron origen a las investigaciones por los casos Penta, SQM y Corpesca.
En ese contexto, en exclusiva para CHV Noticias, el fiscal nacional Jorge Abbott admitió haber sostenido reuniones con diversos parlamentarios cuestionados por dicha situación, durante el periodo en que estallaron las indagatorias.
Uno de los personajes importantes en ese contexto fue Cristián Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que tuvo un rol fundamental en el devenir de las causas, ya que era necesario que este presentara querellas para el avance de la arista penal.
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En conversación con el mismo medio, el ex funcionario público recordó que mientras ejercía en el cargo “una alta autoridad del gobierno en alguna ocasión me dijo que el problema era que prácticamente el 80% de los parlamentarios estarían involucrados en situaciones como las que se investigaban”.
Además, comentó que a comienzos de 2015 “se me citó a una reunión en el ministerio de Hacienda, donde estaba la jefa de gabinete del ministro de Hacienda y un representante del ministro del Interior, quien pretendió en esa reunión reprendarnos, reprenderme, por las acciones que habíamos presentado”.
El representante era Samuel Donoso, quien luego se convirtió en el abogado que representó a la empresa SQM ante la justicia.
Ante el avance del caso, la entonces presidenta Michelle Bachelet sacó de su cargo al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y también descabezó el SII: se removió al entonces director, Michel Jorratt, y a Vargas y, a la cabeza quedó Fernando Barraza, quien aún dirige el organismo.
Desde ese momento la entidad dejó de presentar querellas en contra de empresas y, según explicó Sabas Chahuán, ex fiscal nacional, “eran demasiado nominativas, solo contra esta persona y ninguna más, eso era para impedir que la Fiscalía abriera la investigación a otras personas”.
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Finalmente, Vargas sostuvo que “lo que ocurrió acá fue una intervención política y gubernamental del SII directa para la implementación de una estrategia de impunidad en esos casos de ilícitos tributarios, porque esos casos involucraban a personas de todo el arco de la clase política chilena y también autoridades de gobierno”.
Por su parte, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, expresó que “el gran responsable del fracaso de esta operación de justicia fue el SII, sin las querellas nominativas del SII esos casos no iban a llegar a ninguna parte”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
