El Presidente Piñera aseguró que los mensajes son personales, lo que les permitiría eliminar su registro.
El Presidente Piñera aseguró que los mensajes son personales, lo que les permitiría eliminar su registro.
El senador, Ricardo Lagos Weber, emplazó al Gobierno por un nuevo decreto publicado en el Diario Oficial que permitiría borrar correos de funcionarios del Estado antes de dejar sus cargos.
“Esperemos que este Gobierno aclare por qué los funcionarios que se van mañana pueden borrar los correos electrónicos en circunstancias en que en el Gobierno anterior había que dejarlos disponibles por 6 años”, dijo el parlamentario del PPD.
Por su parte, el presidente de la Fundación Progresa y ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, calificó la situación como “preocupante” y aseguró que “es parte del viejo Chile y de las viejas prácticas”.
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que esto permite “poder borrar correos personales, no correos que contengan información necesaria para el ejercicio legítimo y válido para cada uno de los ministerios”.
Además añadió que durante la mañana , “el ministerio Público solicitó no borrar este tipo de correos en algunas reparticiones en las cuales hay investigaciones en curso (…), lo que nosotros respetamos y acogemos”.
Por otra parte, el designado vocero de Gobierno de Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde, destacó que “los funcionarios públicos no pueden borrar correspondencia electrónica, y quien lo haga, puede incurrir en responsabilidad administrativa, la que será investigada por los organismos competentes”.
También remarcó que esto es “una pésima señal respecto de los estándares de transparencia que deben existir en nuestro país (…) y constituye un incumplimiento del propio compromiso del Presidente Piñera de que se iba entregar toda la información a las nuevas autoridades”.
El Senador del MAS, Alejandro Navarro aseguró que si se llegan a eliminar correos electrónicos se creará una comisión investigadora. Además, pidió al Contralor General de la República que se pronuncie acerca de la legalidad del decreto y que, en el caso, inicie los sumarios correspondientes.
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