Desde Gendarmería interpusieron un recurso para evitar la medida, aludiendo a que “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
Polémica entre Gendarmería y el Poder Judicial causó la revelación de que el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, habría concedido beneficios a cuatro reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad.
De acuerdo con lo informado por Meganoticias, el pasado 25 de enero Urrutia habría permitido videollamadas de dos reclusos ligados al Tren de Aragua con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
Esta medida, aplicada en una cárcel donde hay criminales peligrosos vinculados al crimen organizado, fue cuestionada por Gendarmería, quienes afirmaron que “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada“.
Desde el Gobierno señalaron que la situación es grave. “Por supuesto que estamos en contra y el Ministerio de Justicia junto a Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”.
“Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado (…) es que sus líderes, quienes están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización”, agregó el subsecretario Monsalve.
Por su parte, el diputado Jose Miguel Castro (UDI), afirmó que el juez Urrutia está “completamente desconectado” de lo que vive Chile. Según el parlamentario, se debe respetar siempre la independencia de los poderes del Estado, pero “otra cosa es hacer uso de esta independencia con fines políticos”.
“Hemos visto como este juez no está a tono con lo que necesita el país y si es necesario vamos a tener que legislar para quitarle esta clase de concesiones“, agregó.
El diputado Henry Leal (UDI) sostuvo que no se puede permitir que un juez autorice a reos peligrosos que tengan contacto con el exterior a través de videollamadas. “Esto es muy grave y yo espero que la Corte Suprema tome cartas en el asunto, suspenda de sus funciones a este juez e inicie un proceso sancionatorio”.
Para Andrés Jouannet, diputado de Amarillos, la decisión de Urrutia es “absolutamente errada“. “Uno trata de no meterse en decisiones de los tribunales, pero la verdad es que uno no puede dejar de hablar cuando hoy tenemos una criminalidad desatada y se dan malas señales”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
