Este sábado, el Presidente dará una nueva rendición ante el pleno del Congreso Nacional tras un año que obligó a reorganizar las prioridades del Ejecutivo. Se espera que el mensaje esté enfocado en los logros que ha tenido la administración, pero también en preocupaciones ciudadanas y promesas de campaña. Esto en medio de acentuadas diferencias al interior de la alianza de Gobierno y una presionante oposición.
A las 11:00 horas de este sábado 1 de junio, el presidente Gabriel Boric realizará su tercera Cuenta Pública ante el pleno del Congreso Nacional. La instancia se llevará a cabo en el Salón de Honor del Parlamento en Valparaíso y contará con la presencia de los máximos representantes de los tres poderes del Estado, parlamentarios, personeros de distintas fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y otros invitados.
A diferencia de las dos ocasiones anteriores, se estima que esta vez el mensaje del mandatario sea más breve y esté enfocado en destacar los logros que ha tenido el Gobierno en su “primer tiempo” de administración, tales como la implementación de las leyes de 40 horas, del trastorno del espectro autista (TEA) y de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos -también conocida como Papito corazón-, al igual que la entrada en vigor de la Estrategia Nacional del Litio, el Copago cero, el Royalty Minero y el sueldo mínimo a $500 mil el próximo 1 de julio.
También, se espera que el jefe de Estado recalque que su equipo de trabajo “logró estabilizar al país”, tal como dice la minuta que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) le envío a los partidos oficialistas, junto con contener la inflación, crear 500 mil empleos, controlar la crisis migratoria en el norte del país, disminuir la desigualdad, frenar el aumento de homicidios, entre otros. Todo esto “luego de años muy difíciles y crisis que azotaron a Chile”, añade el escrito.
Asimismo, se menciona los dos fast track legislativos y 55 proyectos despachados de la agenda de seguridad, el alcance del fast track económico, la diminución de delitos violentos en la Macrozona Sur, el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, las “mejoras” de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la reducción de la inasistencia educacional, asignación automática Subsidio Único Familiar, ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), construcción de más 115 mil viviendas, organización colaborativa de los Juegos Santiago 2023 y solución de los problemas en Puerto Coronel y la Siderúrgica Huachipato.
Pdte. Gabriel Boric en el aniversario de Carabineros / ARCHIVO / AGENCIA UNO
Pero el actual escenario político para el presidente Boric no está fácil. La contingencia marcada por la crisis de seguridad ha reorganizado las prioridades del Gobierno en el último año, poniendo énfasis en conseguir acuerdos transversales en el Congreso sobre iniciativas de esta índole.
El último episodio ocurrió luego del atentado en Cañete, en donde tres Carabineros fueron asesinados, y que llevó a que los poderes Ejecutivo y Legislativo acordaran acelerar la tramitación de distintas iniciativas, entre ellas, la reforma a la Ley Antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad Pública y las Reglas del uso de la fuerza (RUF). De hecho, ya en esta misma iniciativa ha habido diferencias, tanto con la oposición, como en la misma alianza de Gobierno.
Esto con relación a la misma propuesta que busca crear un marco legal de competencias para Fuerzas Armadas y Carabineros, y a la indicación de algunos parlamentarios de Chile Vamos y sectores de la derecha, para ampliar las competencias de la Justicia Militar y aplicarlas en este contexto.
En materia de seguridad, la oposición ha tenido una constante presión sobre el Gobierno, lo que en ocasiones ha sido criticado desde el oficialismo.
Pdte. Boric junto a las mesas del Congreso / ARCHIVO / PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Por otra parte, ya ha pasado más de un año desde que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la tramitación de la reforma tributaria, uno de los dos grandes proyectos y pilares del programa de Gobierno; y pese a las distintas mesas de diálogo convocadas y realizadas por el ministro Mario Marcel (Hacienda) para alcanzar un nuevo acuerdo, aún no se ha concretado impulsión de una nueva reforma. Aunque sí un fast track económico de caracter legislativo en el marco del denominado pacto fiscal.
Este punto también contiene lo que sería una nueva subdivisión que contempla los roces que el Presidente Gabriel Boric tuvo con algunos empresarios en el marco del Encuentro Nacional de Empresas (Enade) 2024 y tras afirmar que hay “coñetes” y pesimistas en el sector bancario, lo que también dejó esquirlas en el ámbito político. Sobre todo por el llamado que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que la banca tenga un rol más partícipe en la impulsión de proyectos.
¿Y la reforma de pensiones? El otro gran proyecto y pilar del programa de Gobierno también presenta incertidumbre parlamentaria, y quizás más que la de aspiración económica.
El Ejecutivo, en representación de los ministros Jeannette Jara (Trabajo) y Mario Marcel (Hacienda), todavía no logra destrabar la problemática sobre cómo distribuir el 6% de cotización adicional, lo que ha provocado un estancamiento del proyecto en su tramitación parlamentaria.
Los últimos esfuerzos estuvieron concentrados en la buena recepción y acogimiento que tuvo el Gobierno a la propuesta de fuerzas de centro para reorganizar la cotización extra en 3% a la capitalización individual y el otro 3% al seguro social. Sin embargo, esto ha sido permanentemente rechazado desde la oposición.
A ello se suma, el álgido debate parlamentario que consiguió despachar la Ley Corta de Isapres para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en contra de las aseguradoras. Una tramitación que pausó la agenda legislativa y que también generó molestias al interior del oficialismo, sobre todo en fuerzas más de izquierda.
Presidente Gabriel Boric en Enade 2024 / ARCHIVO / AGENCIA UNO
El Gobierno ha criticado las actitudes que ha tenido la oposición respecto a distintas materias, pero en especial a las que contemplan reformas. Y esta misma reacción ha generado comentarios en el mundo político, sobre todo después de que la ministra Camila Vallejo (Segegob) dijera el 11 de mayo, en entrevista con El País, que, como administración presidencial, lo que esperan “de la oposición en su conjunto, es que deje las posiciones más obstruccionistas y tenga liderazgos o posiciones más constructivas”.
“Nos referimos no solo a presentar titulares, porque esos no son soluciones, sino que propuestas concretas. En general, todo el mundo valora a las oposiciones más constructivas que reaccionarias”, agregó.
Las declaraciones de la vocera causaron molestia tanto en la oposición, como incluso en sectores oficialistas. Por ejemplo, el diputado oficialista y jefe de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Araya, sostuvo que las palabras de Vallejo “en nada contribuyen a generar una mesa de entendimiento para darle solución a las familias de nuestro país. Son pequeños gustos políticos que el Gobierno no puede darse, porque hoy día no tenemos mayoría en el Congreso”.
No obstante, estos cuestionamientos continuaron. De hecho, la ministra Jara se cuadró con Vallejo y afirmó que “ha habido harta teoría del empate de lo que se hizo antes”.
Camila Vallejo / ARCHIVO / AGENCIA UNO
La última “polémica” que ha estado complicando al Gobierno en términos políticos es la ratificación que a principios de mayo hicieron los ministros Marcel y Nicolás Cataldo (Educación) sobre el proyecto para la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), donde indicaron que la iniciativa será presentada antes de septiembre.
Pero la expectativa es alta, ya que este es una de las medidas insignes tanto del programa de Gobierno del presidente Boric, como de personeros políticos oficialistas y que formaron parte del movimiento estudiantil que se alzó desde 2011 durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. De hecho, en 2021 el texto de campaña del actual mandatario decía: “Proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas. Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal”.
Tras las expresiones de rechazo desde voces de la oposición, el primer gran punto de diferencia lo expresó el pasado 19 de mayo la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien afirmó que el anuncio correspondió a un “ofertón” que pareciera tener fines electorales, ya que, a su juicio, implementar esta condonación no es factible en la actualidad.
Si bien el 22 de mayo la ministra Carolina Tohá (Interior) negó que esto se trate de un “ofertón”, días después precisó que más que una condonación, el proyecto será “una solución al problema del CAE”. Pero la polémica continuó, sobre todo ante la demanda de sectores de Apruebo Dignidad que aspiran al cumplimiento de campaña del mandatario.
Más recientemente, el 28 de mayo, la jefa de gabinete sostuvo que el Gobierno no hará “ninguna burrada con el CAE”, ya que “tiene claro que hay maneras de enfrentar este problema que serían pésimas. Nosotros no haremos ninguna de ellas”. Luego, especificó que una “burrada” sería “gastarse la plata de la gente pobre y pagarle la deuda a la gente que cursó educación superior”.
Carolina Tohá / ARCHIVO / AGENCIA UNO
A todo este panorama político de los últimos cinco meses, se suma la oscilante aprobación que ha tenido Gabriel Boric y su gestión presidencial por parte de la ciudadanía.
Los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem indicaron que la valoración del mandatario volvió al 30% después de 21 días, cuando a principios de mayo anotó un 24% de aprobación, la cifra más baja desde que asumió la Presidencia de la República el 11 de marzo de 2022.
Por otra parte, un 65% (-1 punto) de los consultados manifestó su desaprobación al jefe de Estado.
Cadem, 26 de mayo / PLAZA PÚBLICA CADEM
Respecto a la confianza en el presidente, la encuestadora señaló que esta alcanzó el 35% entre los consultados, 3 puntos más que en marzo, mientras que la desconfianza tuvo un 64% (-3pts).
Además, se indicó que sus atributos personales mejor evaluados son que tiene carisma (55%, -3pts), es cercano y conoce las necesidades de las personas (44%, -3pts), es dialogante y genera acuerdos (43%, -3pts). En tanto, los peor evaluados son que tiene experiencia para gobernar (17%, +1pto) y cumple lo que promete (27%, +1pto).
Por otra parte, en relación con atributos de su gestión, lo mejor evaluado por parte de los consultados es que promueve la igualdad de género (80%, +1pto) y cuida el medio ambiente (60%, +3pts). Mientras que lo peor evaluado es que tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (24%, +1pto), tiene capacidad para gestionar el conflicto en La Araucanía (24%, +5pts) y tiene capacidad para gestionar los problemas de la inmigración (24%, +4pts).
Finalmente, en atributos políticos, lo mejores evaluado es que tiene un diagnóstico claro sobre la situación política y social de Chile (43%, -1pto) y tiene buenas ideas y programa de Gobierno (42%). En cambio, lo peor evaluado es tiene una buena relación con la oposición (25%, -3pts).
En Cuestión de Opinión, el conductor de CNN Chile Radio comentó la importancia de los permisos razonables para la construcción de estructuras. Esto a raíz del mortal derrumbe en Argentina, cuya causa habría sido trabajos clandestinos.
