El ingeniero civil mecánico presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pide ser tratado en calidad de imputado, en el marco proceso que investiga el Ministerio Público sobres los convenios que Democracia Viva firmó con el Minvu en Antofagasta. También entregó antecedentes y “autorizó” la revisión de sus artículos personales.
Daniel Andrade presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pide ser tratado en calidad de imputado, en el marco del proceso judicial que investiga el Ministerio Público sobre los tres convenios por $426 millones en total que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó con Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).
El ingeniero civil mecánico y pareja de la diputada Catalina Pérez será defendido por cuatro abogados: José Figueroa Elgueta, Germán Cueto, Juan Pablo Roncone y Diego Sporman.
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En el texto, Andrade indica que “atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona, debido a que, en mi calidad de representante legal y presidente de la fundación sin fines de lucro denominada ‘Democracia Viva’, suscribí, entre los meses de septiembre y octubre del año 2022, con la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta (SEREMI Antofagasta) y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (SERIVU Antofagasta), tres convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria y diagnósticos socio territoriales y planes de intervención de diversos campamentos ubicados en la ciudad de Antofagasta, por este acto solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales”.
También “ofrece” poner a disposición del Ministerio Público todos sus “dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones”.
Además, adjuntó copias de las escrituras notariales de la fundación y resoluciones de los contratos entre Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta.
Junto a ello, entregó copia del documento “denominado ‘Protocolo para suscripción convenios con instituciones privadas sin fines de lucro’, elaborado por el SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta para fijar criterios que propendan a la eficiencia, eficacia y correcto uso los recursos públicos, en las transferencias efectuadas a terceros, en particular a las instituciones privadas sin fines de lucro, fijando ciertos requisitos mínimos necesarios para la suscripción de convenios y transferencia de recursos”.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
