El representante legal de la fundación rompió el silencio y sostuvo que la secretaría de Estado, “y en particular el seremi (Carlos Contreras) quien me contacta, y entiendo que contactó también a todas las otras fundaciones nuevas que participaban de estos convenios (…) Le planteo que nosotros no tenemos la experiencia en la construcción y él me dice que no hay problema, porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras”.
Daniel Andrade, uno de los principales investigados por el denominado Caso Convenios, afirmó este viernes que fue Carlos Contreras, ahora ex secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, quien contactó a Democracia Viva para suscribir los cuestionados contratos.
En entrevista con Chilevisión, el representante legal de la fundación sostuvo: “Es el Minvu, y en particular el seremi quien me contacta a mí, y entiendo que contactó también a todas las otras fundaciones nuevas que participaban de estos convenios”.
En ese sentido, Andrade afirmó que Contreras le conversó “de que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y que van a diversificar las fundaciones para que se lleve adelante la gran tarea de las 260 mil viviendas”.
Al respecto, “yo le planteo de vuelta que nosotros no tenemos la experiencia en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a poder organizar a la comunidad, y él me dice que no hay un problema derechamente porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras”, continuó.
“Yo le digo ‘bueno, eso es lo que es’. Yo siento que ahí no debería haber accedido a eso porque no teníamos la expertiz en la parte de construcción, pero se me dijo que así era como funcionaba. Ahí hago una autocrítica”, sentenció.
También sostuvo que “no se ha robado ningún peso” asignado y que los $131 millones fueron rendidos entre noviembre de 2022 y junio de 2023. “Todavía no entendemos bien la posición que ha tomado el ministerio“, expresó.
Además, dijo que, “mirándolo en retrospectiva, jamás habría firmado esos convenios y creo que fueron un error gigante, por todo el daño que se le ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente”.
Este viernes, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo rechazó los recursos jerárquicos presentados por Democracia Viva en contra de la resolución que le ordenó la restitución de los más de $391 millones trasferidos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tomó la decisión luego de poner término a los contratos celebrados entre ambas instituciones luego del destape del denominado Caso Convenios, donde se investigan presuntos hechos de corrupción.
La resolución de la subsecretaría dice que “a la luz de los antecedentes que se han tenido a la vista, el análisis de la normativa y los argumentos alegados por la Fundación Democracia Viva, no es posible concluir que ha existido infracción alguna al debido proceso seguido en la liquidación del convenio, por cuanto los incumplimientos han existido y son reconocidos por la recurrente”.
El documento también sostiene que la institución recurrente “no aporta nuevos hechos o antecedente que permitan desvirtuar los tenidos a la vista para el término anticipado del convenio y su liquidación. Asimismo, no se evidencia su voluntad de proceder a la restitución, ya que no acreditó la consignación de recursos, no adjuntó los saldos de cuentas corrientes bancarias”.
“Además, solicita la suspensión del procedimiento, no dando certeza del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de transferencia de recursos“, indica.
De este modo, la subsecretaría resolvió el rechazo en todas sus partes del recurso jerárquico, no procediendo la suspensión del reintegro de los $391.768.516.
El plazo de 30 días conferido para la restitución de los fondos públicos, entregados en el marco de los convenios a Democracia Viva, sigue corriendo, venciendo el domingo 13 de agosto próximo.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
