La sesión especial realizada en el Senado para tratar el secuestro y homicidio del exmilitar Ronald Ojeda generó amplio debate en el Congreso. Algunos parlamentarios oficialistas cuestionaron la pertinencia de la instancia, mientras que desde la DC consideraron que no tiene "trascendencia práctica", ya que la Cámara Alta no tiene rol fiscalizador.
Este miércoles se realizó una sesión especial en el Senado para tratar el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La instancia contó con la presencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Tras la sesión, la secretaria de Estado señaló que lo único que se puede comunicar a la opinión pública sobre el caso -porque hay una prohibición de informar- es que “las policías han cursado órdenes de Interpol de búsqueda de personas que son sospechosas de haber participado en este delito. Eso estoy en condiciones de confirmarlo”.
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, detalló que la cita se realizó para abordar, con lógica de Estado, “la política de inteligencia, la agenda de seguridad y las medidas adoptadas por la autoridad, a propósito de este caso”.
Sin embargo, algunos parlamentarios oficialistas cuestionaron la pertinencia de la sesión, como el senador Daniel Núñez (PC), quien aseguró que la instancia “no tuvo sentido”, ya que la investigación judicial es completamente reservada.
“Es una aberración que la sala del Senado se convierta en un espacio para escuchar todo tipo de tesis delirantes sobre el crimen del exmilitar venezolano”, cuestionó el parlamentario.
Por otro lado, el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana (DC) expresó que, si bien conversar siempre es positivo, considera que la sesión no tiene trascendencia práctica en el resultado de las investigaciones, pero puede servir como espacio para discutir los desafíos que enfrenta Chile en materia de orden y seguridad.
La titular de Interior enfatizó que solo los funcionarios de las policías, la Fiscalía u otros organismos tienen acceso a la carpeta investigativa, subrayando la complejidad y peligrosidad de las filtraciones en el contexto del crimen organizado, que podría tomar represalias contra quienes colaboran con las investigaciones.
Además, recalcó que en los casos que hay una prohibición de informar, “quiere decir que hay una legislación que avala que no podemos filtrar información”.
“Cada vez que llega una información impropia a los medios de comunicación es porque alguien que tuvo acceso a la carpeta incumplió su deber, violó la ley e hizo la filtración. Lo que hay detrás de una filtración es grave, es un delito y lo vamos a perseguir”, remarcó.
La ministra también se confirmó que se está monitoreando a otros refugiados, como el fallecido exmilitar venezolano, para prevenir posibles incidentes, aunque hasta el momento no se han detectado situaciones anómalas.
Por último, Tohá respaldó la propuesta del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de establecer un plazo límite para la tramitación de la Ley de Inteligencia, que lleva desde 2018 en la Cámara, instando a tomar medidas concretas para avanzar en este tema crucial.
“La tramitación del proyecto de Inteligencia que está en la Cámara de Diputados, que le pongamos un plazo y que en ese plazo votemos“, afirmó, subrayando la importancia de abordar esta legislación sin demoras.
Cabe recordar que el lunes fue formalizado el único imputado hasta ahora por el secuestro con resultado de homicidio del exmilitar, quien quedó con la medida cautelar de internación provisoria. Fiscalía comunicó que el joven de 17 años tendría participación directa en el secuestro y crimen posterior.
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