De derechos sociales al sistema de gobierno: Los debates que se abren con la nueva Constitución

Las imágenes de la celebración de chilenas y chilenos tras la victoria del Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre ya han dado la vuelta al mundo. Un hito histórico en el que participaron más de 7.560.000 personas.

La buena reputación chilena, alabada incluso por Barack Obama en 2011, escondía una desigualdad que en 2019 se volvió intolerable para millones. Las protestas pusieron en jaque el modelo nacional y si bien esas movilizaciones fueron cruciales, expertos recuerdan que en 2006 los secundarios ya ponían sobre la mesa la demandas por sus derechos sociales que tenían estrecha relación con la Constitución.

“Me parece un error ver el cambio constitucional sólo en lo que fue la revuelta social de octubre de 2019. La sociedad hace muchos años que ya había llegado a este acuerdo de que era necesario modificar el texto educacional, pero no la élite“, declaró la cientista política Pamela Figueroa.

Pero el cambio, dicen otros, podría haber generado expectativas muy altas. Así lo dice la ex ministra del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña: “Hay parte de la campaña electoral que le anuncia a las personas que con una nueva Constitución se va a acabar la violencia contra las mujeres en Chile, que vamos todos a tener acceso a una educación de calidad y eso no es efectivo”.

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Educación y salud como un derecho, reducir la desigualdad, consagrar derechos sociales y hasta críticas al TC fueron parte importante en la campaña del Apruebo. Expertos dicen que es claro que la primera gran discusión será el rol del Estado en estas materias.

“Ese principio de abstención del Estado para que los particulares puedan ejercer sus actividades ha impedido una mayor intervención del Estado a través de actividades de fomento o de servicio para la satisfacción de estas necesidades sociales”, comentó el abogado constitucionalista Gabriel Osorio.

Sin embargo, hay quienes que argumentan que la Carta Magna “debe ser mínima, para dar espacio para que las políticas públicas, a través de las leyes, puedan ir haciendo los esfuerzos para ir mejorando los desafíos en educación, salud”, expresó Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal.

Otros piensan que el Estado sí garantiza, al menos en teoría, estos derechos. Peña apuntó que “hay otra fase del principio de subsidiaridad que no ha estado suficientemente relevada: que el Estado debe ir, en razón de suplencia, de subsidio, en apoyo de aquellos que no logran un nivel de vida digno y no alcanza la igualdad de oportunidades”.

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Otra de las grandes discusiones que se abren con la oportunidad de la redacción de la Carta Fundamental es la de evaluar qué sistema político y la forma de gobierno que se desea para Chile.

“Para poder fortalecer la democracia, necesitamos redistribuir el poder político, y eso significa generar un equilibrio entre el poder Ejecutivo, Legislativo e incorporar mecanismo de democracia directa que permitan a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones”, detalló Figueroa.

En tanto que Osorio indicó que es probable que se discutan “las formas de gobierno, si vamos a continuar con este sistema hiperpresidencial o si vamos a pasar a un sistema más presidencial o tal vez a un sistema con tintes más parlamentarios, o un sistema semipresidencial“.

Esa es parte de la discusión que deberá dar la convención paritaria que se deberá elegir el 11 de abril de 2021.