El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago estimó que Carabineros actuó bajo la ley, por lo que lo ocurrido el pasado viernes no constituiría algún tipo de delito. “Los funcionarios públicos se encontraban expresamente autorizados por resolución judicial para proceder a la materialización de la diligencia intrusiva”, señala el fallo.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible una querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de Carabineros, por el allanamiento a la sede del partido Comunes.
Rendón acusaba los posibles delitos de “vejación injusta, apremios innecesarios (…) y violación de secretos”, tras el operativo encabezado por el fiscal Héctor Barros, el cual fue calificado por el partido como “desproporcionado”.
Sin embargo, la corte estimó que Carabineros actuó bajo la ley, por lo que lo ocurrido el pasado viernes no constituiría algún tipo de delito. “Los funcionarios públicos se encontraban expresamente autorizados por resolución judicial para proceder a la materialización de la diligencia intrusiva”, señala el fallo.
La Fiscalía decidió emprender indagatorias por un presunto fraude de subvenciones, tras una investigación periodística que reveló pagos millonarios a los asesores de Karina Oliva durante su campaña a gobernadora regional. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, se encuentra a cargo de estas indagatorias.
“Por estimar que se cumplieron los requisitos legales, se autorizó la entrada, registro e incautación de los elementos vinculados con el delito investigado (…) ante la oposición de los residentes del inmueble de proceder de modo voluntario”, sostuvo el juez Ponciano Salles en la resolución de este lunes.
Salles sostuvo que “con el mérito de los antecedentes, y tras estimarse que la diligencia resultaba necesaria para asegurar los fines del procedimiento, y evitar que la eventual evidencia contable pudiera desaparecer, trasladarse o alterarse, es que esta judicatura concedió la autorización judicial (para realizar el allanamiento)”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
